La propiedad es como el embarazo, no puede alguien ser medio propietario de algo, como no puede una mujer estar medio embarazada. O se es propietario completamente, o no se es propietario en forma alguna.

La concepción económica neocomunista de la economía que anima al muy democrático y participativo gobierno revolucionario venezolano, puede tolerar formas de propiedad privada, que en el concepto liberal realmente no son plenas, y por ende, no son en el fondo tal. Pero preferirán concesiones, derechos de uso tutelados, y principalmente propiedades colectivas tuteladas. Así reza en su Constitución, así se desarrolla su legislación y así se adelanta sus políticas.

Ante ello es lógico y natural que los liberales venezolanos agrupados en el  Movimiento  Liberal Resistencia Civil, contrapropongamos alternativas ante lo que anima la serie de decretos estadales de afectación de tierras, conque finalmente se ha iniciado la muy retrasada e inconexa aplicación de la ley de Tierras, decretada por el Ciudadano Presidente de la Republica aproximadamente tres años atrás.

Que actuamos en un país confundido, en que las ideas empobrecedoras de la izquierda aún son mayoritarias, con sus resultados a la vista, no nos impide asumir que la defensa de la propiedad, como derecho humano fundamental de todos, implica la defensa de toda la propiedad, incluida aquella de quienes, por el motivo que sea, posiblemente no agraden a la confusa mayoría de nuestros compatriotas, y seguramente sean aborrecidos por el  pensamiento único absolutista que la neo-izquierda intenta imponer el mundo.

Ha de ser así, en la medida que creemos en el principio liberal y republicano de “igualdad ante la Ley”, y no en el principio servil de que “unos sean más iguales que otros”.

Los decretos estadales, diferentes unos de otros. Están mejor o peor redactados. Unos reconociendo que se trataría al final de “expropiaciones” lo que implica la justa indemnización de todo derecho afectado -tanto el del propietario titularizado, como el del ocupante no titularizado- mientras otros entran en eufemismos como “afectación”, despertando el temor de los potenciales afectados de no ser indemnizados, por las medidas que sobre sus fincas se pudieran implementar. Pero todos intentan ser una respuesta política coyuntural al espíritu de una Ley. Por lo que es importante recordar que (hasta donde sabemos) ni se ha reglamentado aún tal Ley, ni se ha levantando ordenadamente en todo el tiempo que tienen en vigencia, el elemental censo de tierras agrícolas que la misma ordenaría al gobierno levantar. Ello no impide en forma alguna que el espíritu que el revolucionario legislador dio al instrumento, se intente plasmar hoy por otros muy diferentes.

Por su estilo en materia de política y propaganda, el gobierno revolucionario venezolano parece requerir de un permanente estado de conflictividad. Así que no es de extrañar que en términos obviamente conflictivos avance en el campo para seguir adelantando la ofensiva revolucionaria en la economía, que cumplió su primer año presentando como resultado concreto el más completo control estatal del sector externo.

Dichos decretos, como la citada Ley, la de Ordenamiento Territorial, y todas aquellas otras que otorgan al Estado poder para interferir aquello que pertenece a la esfera de los derechos individuales, es contrario a nuestros principios liberales.  Desde nuestra óptica, tales leyes, y las políticas que sobre ellas se sustentan, son la repetición de la fracasada reforma agraria de la adecocracia. Tal como aquella populista e improductiva reforma, es también herencia del limitado, incompleto y estatista concepto de la propiedad privada, que desde la imposición de absolutismo de Carlos V sobre los Reinos de España, subyace en nuestra legislación. Mina recurrente que estalla cada cierto tiempo, cada vez con mayor potencia y daño, como reminiscencia absolutista en impedimento para el desarrollo de una republica civilizada y prospera.

EL PENSAMIENTO ÚNICO ABSOLUTISTA DE AYER Y HOY

Tal concepto filosófico se plasma en un sistema jurídico por el que la propiedad de toda la tierra sobre la que rige, corresponde al soberano. La propiedad privada entonces, no sería más que la concesión graciosa que el soberano otorga para quien su soberana voluntad le indique. Concesión que, a fin de cuentas, no limitó nunca en mucho al soberano para deshacer lo hecho, recuperar lo concedido, o normar el uso como si nunca lo hubiera cedido.

Esa, y no otra, es la tradición filosófica, política y jurídica, que sustentó el fracaso de la cuarta república, en sus intentos de hacer lo mismo que hoy emprende la quinta.

Hoy cambia el Soberano, que no es ya el Rey, sino la mayoría democrática. Pero en nada cambia el concepto absolutista por medio del que, quien ha sido investido de autoridad por el nuevamente autodenominado soberano, se siente en el derecho de ejercer la propiedad sobre el territorio, y de considerar la propiedad privada como una excepción, temporal y parcial, de su eterno y absoluto dominio.

Facultado se siente entonces el gobernante para “recuperar” tierras ocupadas sin la titularidad que a bien tenga reconocer, expropiar o confiscar (y no es poca la diferencia entre las dos cosas) aquellas cuya titularidad no tenga a bien reconocer, y regir sobre lo propio y lo ajeno, dictando normas sobre que, como, cuando y donde, ha de trabajar cada cual las tierras privadas o estatales.

Al final, tememos que, tanto y quizás más que en el fracasado pasado, se esté cambiando la propiedad privada -mal o bien titularizada- de miles de muy pequeños, y aún minúsculos,  terratenientes -y de unos pocos con mayor cuantía de terrenos- por una forma de “graciosa concesión”, hoy denominada “carta agraria”, que no otorga forma alguna de propiedad privada sobre el suelo para quien bajo su amparo lo trabaje. Los títulos de propiedad y el derecho de manejarla al leal saber y entender de cada cual, se cambiarían nuevamente por títulos de no-propiedad, y la obligación manejarla según lo que -en el mínimo detalle- ordene y mande el gobierno de turno.

Para eternizar la pobreza, impedir el desarrollo y la modernización de la producción agrícola, y pauperizar  la población, han servido tales experiencias en donde quiera que se han aplicado. Para nuestra desgracia, no habrá de ser Venezuela la excepción. Y si bien no hay razones para esperar que tales desaciertos no sean emprendidos, los liberales hemos de oponernos de inmediato y por principio. Pero es escasamente significativo el oponerse al error, pues lo importante está en la propaganda de la alternativa. Para  el conocimiento y la conciencia de todos, proponemos un camino diametralmente diferente, que por medios democráticos, se ha de imponer en algún momento del futuro.

Al final de cuentas, el modelo jurídico del absolutismo, aplicado explotación agraria, y llevado a sus últimas consecuencias, sólo conduciría a los supuestos -y hoy esperanzados- “beneficiarios” al estado de la servidumbre más completa. Un titulo de no-propiedad, de la tierra, en y de la que, alguien ha de vivir, como un derecho uso, pero sólo bajo las detalladas ordenes y condiciones del Estado, propietario real de tal tierra, trasformaría al que la trabaja en siervo del Estado.

RESPUESTA LIBERAL ANTE EL PENSAMIENTO ÚNICO

Otra forma de entender las cosas -la forma objetiva, natural y realista- es que la propiedad privada es, de manera auto evidente, anterior y superior al Estado mismo.

Los gobiernos nacen porque los algunos humanos ejercemos y reconocemos la propiedad, y concebimos los intercambios voluntarios como los únicos legítimos, mientras otros intentan violar la propiedad privada, apoderándose de esta por la fuerza de despojo violento.

Entendido esto, vemos que no han sido sino sicofantes del absolutismo los filósofos y juristas serviles, que en su falso servicio de la mayoría, han construido las nuevas formas de absolutismo de los gobernantes antiliberales, soportando sus repetidos reclamos de auto-concedida soberanía sobre vidas y propiedades (que se mantienen, generación tras generación, con la aspiración de conquistar, mantener y concentrar el poder totalitario, aunque cambien la piel de las justificaciones ideológicas -y la terminología- conque la disfrazan).

La propiedad no nace entonces de la concesión del Estado, sino de la simple ocupación de aquello que no tiene dueño particular, aceptada expresa o tácitamente por el resto de los habitantes, y la titularidad no es más que una acción posterior con que los gobiernos sirven para la protección del derecho de propiedad. Es decir. No se origina la propiedad con el título, como pretenden nuestros juristas en su tradición absolutista. El título proviene de la propiedad, que se origina en la ocupación de lo que no tiene dueño. Y sirve el título para el pleno ejercicio del derecho adquirido con la ocupación inicial, y el subsiguiente uso. Algo de tal tradición jurídica del poder limitado, sobreviviente en la Ley Común anglosajona, se ha colado en la contranatural coyunda de filosofía absolutista y tradición jurídica latina que ha conducido al positivismo jurídico (fuente del “derecho” de todas las tiranías) que entre nosotros impera. Pero... injertado en cuerpo ajeno y contrario, la ocupación en nuestra tradición se ha dirigido hacia una “prescripción adquisitiva” que además de absurdamente larga, compleja y siempre incompleta, se ha diseñado para actuar no tanto sobre las tierras públicas, como sobre las privadas, siendo más una fuente de inseguridad y zozobra en la propiedad del suelo, que en su ampliación productiva.

También algo de nuestra tradición jurídica se ha colado en aquellas naciones que se construyeron mediante la ocupación y explotación de tierras, con medidas fiscales y parafiscales y normativas sobre al tamaño permitido de cada ocupación inicial, regulaciones de uso, y demás. Pero lo cierto es que en donde ha prevalecido mayoritariamente la tradición jurídica del absolutismo, el campo ha sido mayormente pobreza, para los países subdesarrollados. O subsidios y protecciones arancelarias criminales en los desarrollados.

Mientras en donde ha prevalecido la tradición individualista  y la iniciativa productiva, el campo ha sido mayormente fuente de  riqueza y desarrollo por su propia competitividad, para tirios y troyanos. Los tiempos cambian, y el pensamiento único de la neo-izquierda se tiende a imponer también en tales naciones, con lo que hoy algunas comienzan a ser transitar el camino de naciones desarrolladas, al de naciones en vías de subdesarrollo. Pero ese es problema de ellos. Él nuestro es otro. Conducir nuestra República por el camino de la civilización, requiere un profundo cambio cultural.

No es raro que, aparte de los afectados inmediatos y potenciales, sólo los liberales nos presentemos en la defensa del derecho humano fundamental de la propiedad privada, plena e irrestricta, de todos y cada de los productores agrarios -con total independencia del tamaño, rubro y carácter de sus fincas- incluyendo los que hoy puedan recibir títulos de no-propiedad.

Mientras los revolucionarios defienden -unos mejor que otros, pero todos lo intentan- su rechazo del capitalismo y su oposición al pleno derecho a la propiedad privada, el común de nuestros políticos, autodenominados opositores, no se atreve a nada, ni se oponen al ataque a la propiedad privada, ni tiene el valor de expresar su escondida coincidencia -contra de la propiedad privada- con el revolucionario gobierno al que  aspiran -absurda e ilusoriamente- sustituir para emular en todo.

Hacer política en función de principios, y no ocultar hipócritamente aquello en lo que creemos, es el principio fundamental de una nueva oposición liberal que ocupe el vacío espacio de la derecha política en la Venezuela de hoy. Y es sólo el principio.