Recuerdo con profunda tristeza el viejo chiste del piloto andaluz que en un pequeño bimotor, con su única pasajera al lado, se ve en medio de una espantosa tormenta, y mientras la buena señora le pregunta en su nerviosismo, cada pocos segundos, “señor piloto, ¿cuándo vamos a tomar tierra?. Él, que ve como pierde un primer motor por desperfecto, y el segundo se le incendia, pierde el control de la aeronave en la tormenta, y ante la última repetición de la “desconectada de la realidad” pasajera que repite, nuevamente “señor piloto ¿cuándo vamos a tomar tierra? Suelta los controles, resignado ante lo inevitable, responde con su última, e inolvidable frase ¡Te vas a jartaaa!.

Con esta Ley de Contenidos, recuerdo que algo muy parecido se intentó ya, con Caldera II, el chiriperico, y anteriormente. Pero también que, mucho antes, al decir de sus amigos, Don Elias Santana se estrenó en la política, no sólo rescatando Parques y Cuevas, sino acompañando muy moralistas, y muy mayores, damas de la alta sociedad caraqueña, en sus paseaos por Miraflores, para quejarse con el Presidente de turno, de la “terrible” vulgaridad de las clásicas telenovelas de Doña Delia Fiallo. En época en que ni una triste micro falda podía verse en tales telé seriados. No todos, pero si gran parte de quienes se autodenominan, La Sociedad Civil, coincidieron por años en los "muchos males" que atribuían a la Televisión. Recuerdo los tiempos, en que la hoy ancla del noticiero de TELEVEN,  tituló su libro, contra la TV, “el huésped indeseable”, pésimo libro por cierto. Recuerdo como se pedía, y se re-pedía todo tipo de intervención, porque la televisión parecía ser, según estas personas, desde poco educativa y poco edificante, hasta francamente inmoral y “disociativa”. No he olvidado los inolvidables cineastas, productores, y demás “culturosos” nacionales, “independientes” que además de innumerables subsidios, a costa del erario público, no dejaban de “inventarse” unos “derechos sociales” de “acceso” para que lo que ellos producen,  que por lo general nadie quiere pagar por ver, fuera transmitido, por la fuerza de la intervención estatal, en cine, radio y TV.

No he olvidado el uno por uno, auspiciado por Doña Blanca Ibáñez, que obligó a la radio a transmitir, no la música que los oyentes quieran escuchar, sino en 50% al menos, la que el Ministerio, “ordena y manda”, ni he olvidado la censura de las propagandas de cigarrillos y licores. Cómo no he olvidado el camino de servidumbre por el que las plañideras del estatismo moralizante, de una omnipresente izquierda torquemadiana, que pretende protegernos ¿de nosotros mismos? transformó en lugar común, su pedido de “Una mejor Televisión”.

No, Roma no se hizo en un día, y un completo y compresivo sistema de intervención legal sobre los contenidos de los mensajes, que no pueda ser acusado de “censura” evidente, pero pueda funcionar como tal. Requirió de mucho plañido previo, de mucho foro “culturoso”, y de mucho lobby político. Claro, es terrible, para ellos, que tras tanto esfuerzo por montar tan tremenda torta... sean otros los que se la coman.

La culpable de inspirar y propugnar durante tantos años, todos y cada uno de los despropósitos previos que hasta aquí nos han traído. Esa señora que se empeña en decir que ella, y sólo ella,  es: Doña Sociedad Civil, y los políticos que la acompañaron en sus plañidos, hoy, que artículo tras artículo, se aprueba el renovado y fortalecido estatismo de “Una mejor Televisión” en todos y cada uno de los puntos por los que tanto clamaban, hay que recordarle muy bien lo que tanto pidió, porque como dijo aquel piloto andaluz para aquella otra, que a diferencia de esta, era inocente. ¡Te vas a jartaaa!.

TEN CUIDADADO CON LO QUE PIDES... PUEDE QUE TE LO DEN

Como es claro que a Doña Sociedad Civil, y sus politicastros de confianza, no se les puede pedir que se opongan, coherentemente al menos, contra algo por lo que han estado clamado por años. Y muchos menos que propongan una alternativa completamente opuesta al estatismo de la ley, bien rebautizada “de contenidos”. Y que ahora ven con malos ojos, por el “detalle” de que no será, la no muy buena señora, y sus aláteres políticos, quienes tan draconianos controles ejerzan. Es conveniente y necesario, dedicarle un par de sugerencias razonables, para darles algún sentido, en su desesperada oposición de última hora, contra lo que es el fruto inevitable de sus esfuerzos.

Analizar los aspectos más injustos y abusivos de la ley, muy relacionados con alguna evidente falsedad del discurso de sus defensores.

Lo primero que es importante aclarar, porque en la Ley no queda nada claro, es que el monto de las multas, tiene que ser proporcional al multado. Sería, injusto, y absurdo, que corresponda el mismo monto de multa, a una TV regional, que a una nacional, a cualquiera de estas que, a una radio, y realmente risible sería, que tan mil millonarias sanciones recayesen algún día sobre una TV o radio “alternativa”. Y en el formato actual de la ley, a mí, eso no parece que esté adecuadamente previsto.

Lo segundo, es que es absurdo que un Ministro de la revolución bolivariana de Venezuela, se excuse de tan excesivas multas, citando que “en los EE.UU. lo hacen así”. Primero porque una revolución que se “precie” no puede andar imitando al “imperio”. Y segundo, pero no menos importante, porque por ese camino nos terminarían “importando” hasta la “Ley Patriota”.

El problema de fondo, es que es monstruoso que se pretenda que no seamos nosotros, sino un grupo de funcionarios, los que determinen que hemos de ver, o dejar de ver, y permitir o prohibir, a nuestros menores hijos. Pese a ser precisamente lo que tanto pedía la doña y sus muchachos. No podemos decirle al gobierno estatista  que se desdiga, ni de su estatismo, ni de su moralidad de código “holiwudense” de los tempranos ´50. Lo más que podemos esperar, en materia de entretenimiento, del estricto cumplimiento de las normas de una “mejor televisión”,  son versiones criollas, con mala calidad, de las insulsas películas de Doris Day. Tampoco podemos pretender que se separe la información del entretenimiento, si nos han de proteger de nosotros mismos, y del “daño” que nos “produciría” ver y escuchar violencia e inmoralidad, difícil es imaginar que nos enteremos muy claramente de las noticias de asuntos violentos e inmorales. Y mientras menos nos enteremos, mejor para el que manda. Si alguien tiene duda de las profundas convicciones que de ello tiene gran parte de nuestra “clase política” tanto opositora, como oficialista. Empiece por el olvidado Presidente del famoso: “a mi no me jodes tú”  y termine con el periodista Bocaranda requiriendo, hoy, protección de la Fiscalia y “una policía nacional” ante las amenazas de “matarlo a tiros” que a decir del periodista, habría proferido muy seriamente, el  padre y mentor, del opositor ciudadano Alcalde del Municipio El Hatillo. Candidato para reelección, entre otros, del negri-amarillo partido Primero Justicia, que prefirió quedarse sin un solo militante local, que retirar su apoyo al aspirante cuya gestión es tan poco apreciada, al menos por la totalidad de los locales, hoy ex-militantes.

Con esta “clase política” y un neo izquierdismo en mayoría, eso de los contenidos, es por ahora, pero sólo por ahora, una batalla perdida.

ALGUNOS CAMBIOS MENORES, PARA NO DEJAR DE PROPONER

Pero tampoco se debe admitir, sin protesta inteligente, que se sume el insulto sobre la injuria.

El Ciudadano Ministro de Comunicaciones afirma, en su defensa del instrumento, que ahora las sanciones las decidirá un ente colegiado en el que los funcionarios “electos” del Ejecutivo Nacional, tendrán la mayoría, y por mayoría se tomarán las decisiones. La comparsa de acompañamiento sale de “las iglesias” los defensores de “la infancia” “las mujeres” y los “usuarios”, los cuales claramente explicó el ministro que son los “no electos”. Como quien dice, los arrimados que no representan a nadie.

La cosa es que el único funcionario electo que hay en el Ejecutivo Nacional, es el Ciudadano Presidente de la República, quien no estará, personalmente, en el colegiado organismo, y todos los funcionarios que tendrán la mayoría decisoria, para regular con multas capaces quebrar cualquier radio a la primera, y cualquier TV local a la segunda, son funcionario que nombra y destituye, el Jefe del Ejecutivo nacional, no los electores...

Cómo el Ciudadano Ministro afirma que los no electos no pueden tener poder sobre la administración de un bien público, como el espacio radio eléctrico, y sobre “derechos” como ¿el de no estar informado de la violencia y no ver sensualidad? Si no acaso en los términos que el sabio Consejo determine, y quizas en altas horas de la noche. Lo primero que hay que exigir es que la totalidad de los funcionarios que tan tremendos e importantes poderes detentarán, no sean simples burócratas, de libre nombramiento y remoción. Menos aún el representantes de unas Iglesias, que han de estar legalmente separadas de la administración de la República, o de ilusorias sopas de siglas. Que sean, en todo caso, un grupo de funcionarios electos directamente por el pueblo, mediante el voto universal, directo y secreto, en comicios nacionales, abiertos para cualquiera. Así de simple, así de "legitimo", y así de razonable.

El otro problema es que el Estado es, a su vez, empresario de la radio y TV, y si bien en el esquema actual, no sería de esperar, que los funcionarios del ministerio del ramo, se ocupen en multar sus propios medios. Aunque ocurrió, recientemente en España. Y más aún podría pasar si fueran realmente funcionarios electos los “Máximos Censores”.

El multarse a sí mismo, el Estado significa que se pase el dinero de un bolsillo a otro. Es importante proponer, que incluya al funcionariado del ramo, la misma “corresponsabilidad” por la que los conductores, productores, y propietarios de los medios, y especialmente, los anunciantes que compren publicidad, serán legalmente responsables de cualquier violación que se cometa en un canal de televisión, sin importar que la violación sea de un tercero, pues aquí podrían pagar terceros, y cuartos, quintos y sextos, que no tienen control alguno sobre el “infractor”, según el buen saber y entender de la mayoría del Consejo.

Pues hay que proponer que las mil millonarias sanciones pecuniarias, contra las faltas cometidas por los medios del Estado, tengan igual corresponsabilidad, y sean pagadas con la totalidad del capital personal y familiar de los funcionarios del Ejecutivo Nacional, desde el que cometa la infracción hasta el Ministro del ramo, y sus familiares inmediatos, hasta el quinto grado quinto grado de afinidad y octavo de consaguinidad. A fin de cuentas, lo que es bueno para el pavo, lo debería ser para la pava. Por lo demás, en el caso de los funcionarios públicos. Debido al poder que detentan. Las faltas y sanciones, han de ser imprescriptibles. Y no se podrían considerar “cosa juzgada” sin que se declare la máxima sanción. Pudiendo reabrirse cualquier investigación cerrada, y multarse en cualquier momento, con cualquier reapertura de cualquier investigación, lo que no se multó en la misma investigación previamente. Pues es esperable que sólo se sancione a los culpables de tan "espantosos delitos", como el no identificar una señal ajena en el primer segundo, con mil millonarias multas, cuando los mismos sean funcionarios del Ejecutivo, luego de un eventual cambio de gobierno.

Tampoco es posible pedir hoy, que no se “incaute” el 30% de la Transmisión de los canales, para unos privilegiados productores “independientes” que se habrán de “formar”, entrenar, financiar, y “montarles el negocio completo” con cargo a lo que a los ciudadanos se nos esquilma entre impuestos, devaluación e inflación. También las faltas de los tales señores, deben ser tratadas como corresponsabilidad de quienes el espacio les asignaren, que no serán ni los dueños de medios, ni los anunciantes, en tal caso, sino los funcionarios públicos, que como ya he dicho, deberían responder por las multas con la totalidad de su patrimonio personal y familiar.

Ahora, no es que espere yo realmente que mis justas y apropiadas propuestas sean acogidas por los honorables parlamentarios, para darle un poco de sentido, en la forma al menos, al sin sentido de esta absurda ley. Pero esperaría que Doña Sociedad y sus muchachos se dediquen a exigir, desde la elección popular directa y secreta, de los miembros del Consejo, que es lo más razonable, y menos “chocante”, hasta que las violaciones de esta ley de contenidos, cometidos por los medios estatales, impliquen sanción pecuniaria, no para el tesoro publico, sino del patrimonio de todos los funcionarios “corresponsables” hasta el Ministro del ramo. Porque quien sabe, si tuvieran un año en eso, al menos estaría hoy, el Ministro en plan de explicarle al país, porque había de ser él, y el resto de los no electos, los que cumplieran tan delicada estatista función, en lugar de un grupo de funcionarios directamente electos por el pueblos para ello. Y por que, si un anunciante que en nada puede ejercer control ha de pagar por las supuestas o reales faltas de otro, las corresponsabilidades de él, las paga el tesoro publico. Pasándose el dinero del uno al otro bolsillo.

La próxima semana, mientras la ley de marras avanza, empezaré por proponer un cambio verdaderamente revolucionario, que transformaría ese “bien público” propiedad del Estado, en un bien privado, propiedad de todos, y cada uno, de los venezolanos. Porque así, no solo habríamos de eliminar la única excusa valida, y la que más repite, inteligentemente, el Ministro, sino las restricciones que hacen que tengamos pocos canales de televisión local, y poquísimos nacionales. Con un espacio radioeléctrico privado, manejado por todos los ciudadanos, contaríamos con cientos de televisoras, espacio para la competencia, y la colaboración, la generación de productores independientes de verdad, capaces de transmitir nacionalmente por canales nacionales, o redes de canales locales. Ese cambio, sin el que será imposible desandar el camino andado, que hasta tan mal "llegadero" nos condujo, sería solo el principio.

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