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¿Cómo destruir al malandraje desatado?: Eliminando la causa de que se desatara














Guillermo Rodríguez G.





3erPolo
















“Gobierno no significa razón. No significa elocuencia.
 Gobierno significa fuerza, y como el fuego,
es un sirviente peligroso y un amo temible.

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El socialismo –en cualquiera de sus variantes- es la ideología servil que más logra generalizar el abuso del poder, el desprecio a la Ley, y el abandono de las más elementales nociones morales de la civilización. Mientras más socialista sea una sociedad, más malandraje deberá soportar. No sólo el maladraje de la delincuencia común, sino el malandraje extendido como “cultura” entrando en el tejido social, por medio de la corrupción, el abuso de poder, y la “justificación ideológica” del malandraje mismo. Cuando restringen las vías honestas de progreso individual,  al desarticular y desnaturalizar todos los mercados libres, el libre mercado de la corrupción es lo que finalmente crean los socialistas. Tal putrefacción termina por colapsar al sistema por sí mismo. Pero no es necesario esperar a “pudrirnos todos” para salir del basurero. Es suficiente que la mayoría llegue a entender que el malandraje desatado en una sociedad podrida hasta los tuétanos, es el resultado inevitable de la naturaleza misma de cualquier forma de  socialismo, y no una “error” que se pueda corregir, sin desechar completa y definitivamente tal ideología servil.

 

EL ABUSO DE PODER

 

El problema es el abuso de poder. Todo poder que no esté limitado, reglamentado, contenido y severamente vigilado, desde otros poderes, y principalmente por la propia “opinión pública”, que no es más que el “promedio ponderado” de las opiniones privadas. Será abusado. Abusado, entre otras cosas, porque el poder ilimitado es la fuente de la compraventa de las autoridades, la corrupción, y todas las formas de abuso, ya no sólo del poder mismo “sino de influencia”.  Del poder ilimitado nace el abuso y la corrupción, de estas la grosera impunidad, y de esta última nacen todas las formas de malanndraje desatado. Tan malandro es el asaltante común, como el funcionario extorsionista, o el “niño bien” asesino impune. Y todos abundan por la impunidad. Curiosamente, sólo limitando al Estado a sus funciones naturales, y dentro de estas, al respeto real de los derechos individuales, de todos. En la imposición de la única igualdad posible, conveniente y necesaria. La igualdad ante la Ley. Y ante leyes justas que no violen los derechos naturales del individuo. Será posible el fin de la impunidad, el rápido, justo, proporcional, y ejemplarizante castigo.

Una revolución liberal, que reconstruya desde sus bases todo el edificio jurídico, y con él, la estructura del Estado. Es la única forma de encarcelar los malandros, desde los funcionarios corruptos, y sus asociados privados, pasando por los delincuentes comunes, hasta los malandros “niños ricos”

 

¿TRIBUS JUDICIALES DE QUINTA?

 

La revolución neo-izquierdista no podía siquiera tolerar la posibilidad de que su asesinado héroe, el fiscal Camilo Anderson, estuviera vinculado con una banda de vulgares extorsionistas. El brutal atentado terrorista contra el hombre conducía las investigaciones judiciales de mayor importancia política para la administración, condujo a transformar sus exequias en un acto proselitista que se inició con la Orden del Libertador, post morten, y concluyó con un mitin. Si no fue extraño para el paleo-izquierdismo socialdemócrata, y menos para el paleo-comunismo leninista, el capitalizar políticamente los cadáveres. ¿Podía serlo para un neo-izquierdismo que ha fusionado ambas en una nueva ideología servil “integrada” e “integral”?

 

El problema empieza, primero con las denuncias sobre la presunta “aparición” de más de mil millones de bolívares en efectivo, y de algunos cientos de miles de dólares, y se complica con las presuntas filtraciones de información sobre una red de extorsionistas, que habría cobrado ingentes sumas a banqueros y otros empresarios, firmantes del decreto del brevísimo gobierno -teóricamente absoluto- de Pedro Carmona Estanga.

 

El revolucionario ministro del Interior, Jesé Chacón, tras mencionar indicios de existencia de tales extorsiones se apresuró a aclarar en la prensa: "Yo jamás he dicho que existen indicios que vinculen al fiscal Anderson a los grupos de extorsión. Fui bien claro en mis declaraciones del martes, donde dije textualmente que existían indicios de un grupo de abogados que -dada su relación con el fiscal Anderson- utilizó esta relación para extorsionar".

 

Es difícil decir que sería peor: Que el fiscal estrella de la revolución tuviese a su alrededor una banda de extorsionistas, operando a plena capacidad, sin llegar ni a sospechar del asunto. Que es tanto como decir que era un idiota incapaz. Y eso si que es evidentemente falso. O que estuviera involucrado. Obviamente, la revolución necesita aferrarse a la primera, pero aún  eso implicaría algo que, como simple posibilidad, es espantoso para una revolución que ha hecho de la corrupción de sus predecesores una de sus banderas políticas insustituibles. La mera sospecha de que en el corazón del sistema de justicia, en la fiscalía misma, pueden existir, ¿redes de extorsionistas, terrorismo judicial, tribus de abogados, políticos jueces y fiscales?, Dejan a la revolución como “más de lo mismo” de la “cloaca judicial” poblada de presuntas ratas agrupadas en “tribus judiciales” durante  la “cuarta república”.

 

EL PODER Y LA INFLUENCIA

 

Pareciera no tener relación. Pero si vemos las causas. Lo que llama la atención sobre el presunto asesinato de Rafal Vidal. Es que el presunto asesino es señalado de un intento de asesinato aún peor. Del que, de ser realmente culpable, habría quedado, hasta ahora, impune. Hace cuatro años, habría usado una camioneta modificada con cauchos gigantes, para pasar por encima de otro vehículo, en la misma vía en que muere Vidal, producto de la colisión. Llamativo que luego de destruir aquel vehículo, y herir gravemente a sus ocupantes, es señalado de “regresarse” y pasar por encima del vehículo nuevamente, a fin de rematar a sus victimas. El presunto aspirante a asesino múltiple, ha sido señalado como presunto  contrabandista de vehículos. Sin detenernos a considerar la infinidad de violaciones a la Ley y Reglamento de transito terrestre. Y ni siquiera se le ha retirado la licencia de conducir.

Es cosa de los tribunales, determinar si todos estos alegatos son ciertos, y de serlo, castigar al criminal. Juzgar y condenar no es cosa de los medios de comunicación. Pero ciertamente llama para la reflexión el grado de impunidad de que habría disfrutado, hasta ahora, el acusado, de ser cierta, apenas una parte de los alegatos. Y llama más la atención que las presuntas amenazas de muerte contra los familiares de su victimas anteriores. Ocurriesen, según el abogado de los mismos, en las instalaciones de la Alcaldía de El Hatillo. La verdad es que se señalan diversos delitos, con sistemática reincidencia. Desde faltas y delitos menores, en materia de transito, pasando por el contrabando, hasta el intento de asesinato múltiple, intimidación, lesiones. ¿Si los alegatos fueran todos ciertos? ¿Que tan extendida corrupción, local y nacional, ejecutiva y judicial, y de cuantos funcionarios malandros se requirió, en el abuso de poder, para que tal criminal reincidente, NO tuviese el menor castigo por alguno de sus múltiples delitos?

 

CONTROLAR EL PODER

 

Mientras no se elimine –o al menos reduzca a su mínima expresión- la acción gubernamental en las que no son sus funciones naturales. Mientras no se concentren los recursos del presupuesto en Policía, Tribunales y Cárceles. Lo que significa construir y dotar muchos más tribunales, cárceles y comisarías policiales. Y pagar mucho mejores sueldos a los funcionarios a cargo. Mientras no se responsabilice a las policías de reducir el delito, con cero tolerancia, hacia las faltas menores y la corrupción interna. Mientras no persiga la corrupción en el propio aparato judicial, como un objetivo de Estado, compartido plenamente por todas las parcialidades políticas. Mientras no se simplifiquen las leyes, para que sean generales y justas. Tendremos malandros sueltos, en todas las instancias. Los malandros deben ir a la cárcel por aquello de lo que sean culpables, como resultado de la eficiente y sistemática acción policial, tras un juicio justo y rápido de un sistema de justicia eficiente y eficaz. Y cumplir una pena proporcional al delito, en las condiciones de reclusión que garanticen que su única pena, sea la privación de la libertad, por el tiempo determinado. La impunidad es la muerte de la justicia. Hay que acabar con la impunidad del malandraje. Del malandro funcionario, y del malandro abogado, del malandro común y del malandro político, del malandro “niño rico” y del malandro “niño pobre”. Y también, -o mejor principalmente- con la impunidad del malandro que en lugar de prisionero, termina de “jefe de banda” dentro de cárceles incontroladas y hacinadas, con la complicidad de malandros “funcionarios”. Concentrar y limitar el poder, es la garantía del castigo al malandro, y la tranquilidad del ciudadano decente. Pero concentrar y limitar el poder, para que funcione la igualdad ante la Ley. Sólo es posible desechando en la basura todo el edifico jurídico positivista, junto con el aparato cultural, la propaganda y la estructura institucional, de todas las formas de socialismo, y de cualquier otra ideología servil. Hasta que entendamos eso. Viviremos en la la zozobra del malandraje desatado, Y aún entender y aplicar eso. Es sólo el principio.
















3erPolo

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