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Ministro que se respete, no demanda al ciudadano que le critica













Guillermo Rodríguez G.





3erPolo
















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Hemos visto en Venezuela, en todos los tiempos, incalificables abusos de funcionarios contra quienes hicieran del conocimiento público sus manejos indebidos. Y es por eso que cualquier reacción de un funcionario -por la crítica y aún al señalamiento- que sea algo más que una respuesta, despierta muchas suspicacias. Fuera de tales lamentables casos, si algo bueno tiene la tradición política venezolana, es el escaso respeto por las investiduras en la hora de criticar, y de ser criticado. Con la deshonrosa excepción de cierto presidente cuyas pretensiones fueron inversamente proporcionales de los logros de sus administraciones... Y las no menos deshonrosas de quienes algo tenían que ocultar. Pero hasta eso estamos perdiendo en una ola de estatismo por la que podríamos terminar creyéndonos, no sólo que el Estado es sagrado, sino que tal cualidad sacra resulta consustancial para quienes lo administren. ¿Qué demonios dijo el economista al que el ministro de finanzas demanda, que pueda ser tan diferente de lo dicho por todos, y cada uno, de los economistas, que hubiéremos dado cualquier pública opinión sobre la gestión del ciudadano ministro de finanzas?  Por lo que leemos en la prensa especializada, nada muy diferente. De progresar la demanda por difamación ¿por una opinión negativa sobre el manejo de las finanzas públicas? ¿será necesaria una emisión especial de bonos para financiar la construcción de una cárcel? sólo para economistas.

Si eso es difamación. Los economistas nos hemos "difamado" por diferencias en materia de teoría... y más aún, si hablamos del manejo de las finanzas públicas -manejo del que depende en mucho el valor de los ahorritos del más humilde conciudadano- por muchas décadas. Pero sin necesidad de dirimir tales diferencias en los tribunales. Mejor es soportar una crítica, por agria que sea, y contestarla, en los términos que cada cual considere apropiados. (Las respuestas de Petkoff, como ministro de planificación, son inolvidables) Pero manteniendo el valor civil de entender que, por el sólo hecho de opinar de forma pública, estamos sujetos al grado y forma de contestación que venga. La libertad de opinión (sin la cual no hay Ciencia Económica) es más importante que el que alguien se resienta por el tono de una crítica. Y si tal tolerancia es una obligación moral para quienes de público tenemos sólo la opinión, es mil veces más obligante, para quien ejerce una función pública.  Los funcionarios públicos tienen que asumir toda crítica de su gestión, por agria y desagradable que les resulte, como una crítica de su gestión. Asumirla como "personal" y pretender dirimirla en unos tribunales (de cuya independencia hay aún demasiadas dudas) es tanto como decir que criticar al Estado será, de hecho, un delito, no tipificado, pero si penado.

Cualquiera puede recordar más de una declaración del ciudadano ministro de Finanzas, de la que se podría "interpretar" que algún economista que le criticaba sería  de mercenaria y tarifada opinión. Recuerdo otras de las que se podría "deducir" que cierto economista criticaba la gestión, porque su empresa no habría sido contratada por el gobierno para algo... O algo por el estilo. Pero no recuerdo que alguno se tomara la molestia de demandarlo. Recuerdo la infinidad de ocasiones en que más de una critica, análisis o propuesta que he presentado, fueron respondidas, por más de un colega (y por cualquiera) con ataques falaces, personales y falsos. Tampoco me tomé jamás la molestia de demandarlos... en el peor de los casos, pude alguna vez sugerir el continuar la polémica por medios menos verbales... Y aún eso es inaceptable. Pero, aunque lo intento, no logró recordar un economista corriendo al tribunal, como el niño que corre hacia las faldas de su madre, algo tan común como una falacia ad hominen.  Lo cierto es que la Ciencia Económica discute las ideas, no ha quienes las expresan. Poco importa que un individuo sea un completo malandro. Si tiene razón, tiene razón. Tampoco importa que otro individuo sea el más seráfico de los seres terrestres. Si está equivocado, no tiene razón. Y la discusión sobre el manejo de las finanzas públicas, es eso. Un asunto de razones, de causas y de efectos. Un buen manejo de las finanzas públicas es el que produce el enriquecimiento de la población decente y trabajadora en el presente y el futuro. Un mal manejo de las finanzas públicas es el que produce el empobrecimiento de la población decente y trabajadora, ahora y/o en el futuro. Eso, es lo que tenemos que discutir los economistas sobre las finazas públicas. Y para ello, todas las personas e instituciones que tienen alguna participación -por pequeña que fuere- en el desarrollo de la Ciencia Económica en Venezuela, debemos pronunciarnos contra lo que ha iniciado el Ciudadano Ministro de Finanzas. Y debemos hacerlo, porque, aún si tuviera basamento, (por el hecho de iniciarla el máximo responsable de las finanzas públicas) luce como un abuso de poder que atenta contra el derecho de los ciudadanos para someter al escrutinio público aquellos en quienes confiamos la administración de la República.

Quien en el ejercicio de las más altas funciones del Estado, no esté listo para soportar la critica de la sociedad (incluidos los excesos) no tiene el derecho moral de ejercer tales funciones en una república de hombres libres. Esto no es un hecho aislado, no hay hechos aislados en una revolución, cuyos modelos ideales son sociedades en las que la crítica de la administración del estado es, de hecho y de derecho, un delito. Quien cree en la libertad sabe que al ejercer una función pública se somete al escrutinio de sus conciudadanos... Y si no le gusta el tono, más le valdría el no ejercer tales funciones, que el lucir como un tirano, por hacer desde el Estado, lo que sólo al particular les estaría justificado. No es admisible que un funcionario público demande al que lo critique. No importa quien sea el funcionario. Ni importa quien sea el critico. Ni siquiera importa quien de los dos tenga razón. El único tribunal al que tiene derecho moral de recurrir un funcionario público que se siente difamado o injuriado, es el del público para el que trabaja. Y eso es sólo el principio. 
















3erPolo

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