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La gente o el gobierno: ¿Quién pagará el próximo ajuste fiscal?













Guillermo Rodríguez G.





3erPolo
















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Es injusto acusar a los políticos venezolanos de ambición de poder, a fin de cuentas, cada vez que están frente a una solución para un problema de su competencia, encuentran que "no se puede", por razones políticas, institucionales y jurídicas. Esto es peor hoy que ayer, porque Venezuela se encamina a un nuevo ajuste fiscal, aún más severo, que los de décadas pasadas. Es inevitable, porque el gobierno nacional cuadruplicado una deuda interna insostenible, al tiempo que intenta adelantar presupuestos pidiendo prestado el 40% de un gasto que adicionalmente queda muy subestimado en el papel... que aguanta de todo

No se puede controlar el gasto porque el aparato del Estado asume deudas, obligaciones y compromisos para los que no dispone de recursos, pero a los que está obligado por cosas tan sagradas como la Constitución, las leyes, los acuerdos internacionales, los reglamentos, los decretos, las ordenanzas y las decisiones vinculantes de la Asambleas de Ciudadanos. Nuestras leyes establecen claramente que si ustedes y yo nos reunimos a discutir el problema del alto costo de la pintura para fachadas... y nos declaramos en Asamblea de Ciudadanos, podemos decidir que sea el gobierno el que nos la pinte, y eso "es vinculante". El que ninguna instancia gubernamental piense usar tales vinculantes disposiciones como algo diferente del papel sanitario, no implica que no esté ahí la raíz de nuestros problemas. Hay infinidad de instancias burocráticas, más o menos autónomas, cuyas decisiones de gasto "si son vinculantes" para el presupuesto público.

Si el ciudadano presidente de la República anuncia que montará una nueva universidad en el sitio desde el que trasmite su programa de radio y televisión, la decisión es tan "vinculante" como la firma de cualquier burócrata en un contrato colectivo para el que tampoco hay recursos. En el Ministerio de Finanzas, tienden a enterarse tarde y mal de todo lo que tienen que "financiar". Y al respecto los ministros "no pueden" hacer nada.

 

Y EL PODER DE METER LA PATA

 

Claro que anteriores gobiernos usaron más de una ley como papel sanitario, y el presente, está más que dispuesto para emularlos desacatando decisiones judiciales, cerrando tribunales molestos, usando recursos legalmente asignados a un fin para otro, despidiendo trabajadores sin pagar prestaciones... por ahora. Pero al final es la voluntad de hacer lo que le da la gana al manda más... por encima de las leyes y reglas que el mismo manda más se ocupó de inventarse. Las leyes y reglas son para los demás, o eso parece. Al final, nuestros manda más, necesitan de cierto apoyo, el de las masas, el de las mesas, el de las misas... y el de los cuarteles.  Cada paso dado para comprar algo de apoyo en una parte de los anteriores, es muy costoso, y muy que les pese, lo pagaron, lo pagan y lo lo pagarán..

El problema de todo esto es y ha sido siempre el de los "intereses creados", el de quienes logran vivir del presupuesto público, y vivir bien, y el de quienes aspiran a lo mismo... que han hecho mayoría, hasta ahora.

Como en todas partes se cuecen habas, la industria petrolera no es muy diferente al resto del Estado. Cuando era privada pagaba poco más de 50% de impuesto y hoy paga bastante menos de 25%. Si el petróleo es la fuente principal de ingresos de un estado que gasta más de lo que le ingresa, y estamos en medio de una profunda recesión, tras cuatro años de caída del producto nacional, a lo que debemos sumar más de 20 años de inflación y devaluación que empobrecieron a la inmensa mayoría de la población. Es obvio que la respuesta no podrá estar en un "ajuste fiscal" clásico, con más aumentos de impuestos y regulaciones a la población, y cambios cosméticos en el aparato del Estado, que dejen la fuente del gasto igualita.

Hay que bajar significativamente la deuda pública... es decir, hay que pagar capital para no seguir pagando intereses y hay que reestructurar el aparato estatal para que los burócratas y los recursos se dediquen a producir seguridad, justicia y obras públicas, en lugar de entrabar la economía. Pero todo ello cuesta caro. Del otro lado, hay que vender activos mercantiles del Estado, como industrias en Guayana y acciones de las filiales internacionales de PDVSA, ya que todo eso produce los recursos necesarios sin sacrificar a la población. Así, se puede lograr algo de equilibrio inicial, para luego terminar de vender el 50% de PDVSA a fin de liquidar deudas y entregar el 50% restante a la población, entregando una acciona cada venezolano. No menos importante sería el transferir a la población la propiedad del subsuelo, el espacio radioeléctrico y otros activos de la nación, mediante derechos de propiedad vitalicios e intransferibles.

Primero hay que exprimir al Estado para pagar deudas y resarcir a la población del robo sistemático de dos décadas de devaluación e inflación estatista, y quitarle el poder de crear dinero inflacionario, al tiempo que nos provee de seguridad y justicia eficiente con impuestos bajos. Luego, si la mayoría de nuevos propietarios quiere pagar más impuestos, podríamos hablar de "otros" servicios públicos.
















3erPolo

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