www.guillermordriguez.net Hacia el capitalismo popular: Petróleo y seguridad social |
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Construir el capitalismo popular partiendo del socialismo empobrecedor es un enorme desafío, inicialmente de
imaginación y valor para proponer soluciones nunca antes intentadas, a fin de poder aplicar otras ampliamente conocidas. Es
obvio que no hemos conocido jamás el capitalismo en Venezuela, pasamos del mercantilismo al socialismo en construcción, sin
lograr otra cosa que acercarnos tangencialmente un instante fugaz –sin llegar realmente– a ese sistema de
prosperidad creciente. No es extraño que nuestros socialistas hablen tanto de exclusión, después de todo la exclusión es el
problema real del mercantilismo, tampoco es raro que acusen de esa exclusión al capitalismo por más falsa que sea la acusación.
El mercantilismo bien pudiera ser descrito como un sistema de “apartheid” social en que una minoría se reserva
algo muy parecido a las ventajas del capitalismo para ella sola, y crea toda una serie de barreras legales para impedir el
acceso de las mayorías al capitalismo. Un socialismo montado desde ahí –y no deja de ser interesante que es desde algo
así como antecedente que se montaron sus todos grandes experimentos genocidas del siglo pasado– no es más que la plena
estatización de tales privilegios durante un cambio de oligarquías más o menos violento. Es por ello que no se puede simplemente
retroceder, pues lo que se dejó atrás no eran las instituciones que necesitamos para construir una sociedad realmente prospera.
Así que hablar de desregulación, privatización y Estado limitado a sus funciones
propias, carece de sentido si no tenemos claro como se llega a eso partiendo de la realidad objetiva que tenemos. Es difícil
imaginar cualquier cambio profundo en un petroestado como Venezuela, que no empiece por cambiar profundamente las relaciones
de poder en torno al petróleo, tanto a la industria como al recurso como tal. Creo que ahí está el principio del
asunto. ¿Si el petróleo es del pueblo, por qué no tiene el pueblo las acciones de PDVSA? No
todos los activos mercantiles bajo control del Estado socialista pueden ser transferidos a la sociedad de la misma manera,
pero todos deben ser transferidos de alguna manera. El petróleo es el activo más importante –en la actualidad–
bajo el control del sistema socialista venezolano. Son monopolios del Estado tanto la industria que lo explota, como la propiedad
del recurso. Para transferir el control del recurso y la industria a los ciudadanos se podría empezar por entregar a cada
venezolano mayor de edad un título individual vitalicio el subsuelo. Como un derecho vitalicio que adquieren los individuos
de cada generación, no sería heredable y se extinguiría a la muerte de cada detentador,
ya que sus herederos recibirían, cada uno, un título exactamente igual al cumplir la mayoría de edad. Cada uno puede depositar
su título del subsuelo en una institución intermediaria financiera para que esta se ocupe de administrarlo. Las instituciones
tendrían que competir por captar el mayor numero de títulos, a fin de tener una mayor tajada en todos los negocios mineros,
a mayor cantidad de títulos, mayor participación podrían tener en la administración conjunta de minas o yacimientos. En tal
esquema, privado y contractual, sería el sistema judicial el árbitro en lugar del ejecutivo. No es que tengamos un sistema
judicial de primera, pero en todo caso las disputas contractuales mercantiles las podemos manejar los ciudadanos mejor que
el ejecutivo. Y tal vez así comenzaríamos a ver la importancia de la elección popular de jueces honestos y razonables. Tendría
cada ciudadano el poder real de influir permanentemente sobre todos los aspectos del manejo de los recursos del subsuelo,
ya que puede cambiar su título de uno a otro banco enviando así señales muy claras sobre la política de manejo de dichos recursos
que considera mejor en cualquier momento; mientras el gobierno electo por la mayoría de los ciudadanos estaría en la obligación
de colocar su aparato diplomático en sintonía con las políticas que los ciudadanos implementan en el manejo de sus recursos
estratégicos.[1] No está exento de dificultades
lo que propongo, pero ciertamente es un cambio dramático que podemos aplicar a la totalidad de los activos mercantiles del
Estado. Se pueden transferir los activos mercantiles del Estado a la población mediante acciones para la gente en las empresas
como PDVSA y derechos vitalicios que cubran desde el subsuelo al espacio radioeléctrico. Lo que no se puede hacer en país
con una institucionalidad extremadamente débil, y no se debería intentar ni aún en otros con más solidez institucional, es
la creación de uno o varios fondos de ahorro –bajo control directo o indirecto del Estado– que acumulen los recursos a ser transferidos, pues por esa vía dichos fondos terminarán utilizándose para
financiar el gasto gubernamental en condiciones ruinosas para los beneficiarios de los fondos. Las desastrosas experiencias
con los fondos de ahorro de los Seguros Sociales, así como con los fondos de estabilización macroeconómica, implican que la
tentación de usar los fondos –si están a mano– será irresistible para los gobiernos de turno. La acumulación de
ahorro a partir de transferencias de este tipo debe ocurrir en las instituciones financieras que cada beneficiario libremente
seleccione y a las mismas se les debe prohibir expresamente el realizar prestamos, al Estado o el comprar títulos de deuda
gubernamental con dichos fondos. Cualquier acumulación bajo control político se puede describir como “zamuros cuidando
carne” y eso de poner zamuros a cuidar carne es la deficiencia fundamental que comparten los dos proyectos –diferentes
entre si en otros aspectos– de asignación de recursos patrimoniales del subsuelo a la seguridad social que se habián presentado en la campaña electoral presidencial del 2006 los pre-candidatos presidenciales
Julio Borges y Teodoro Petkoff en Venezuela. Y esa fatal deficiencia comparten, como otras particulares, los programas de
esos pre-candidatos con el fracasado candidato unitario Rosales y su absurda propuesta "mi negra" que no pasó de un inútil
cambio gatopardiado (las misiones cambiaban para seguir siendo las misiones, con lo que cambiría apenas la franela roja obligada
por una azúl no menos forzada) condenado al fracaso progresivo en lugar de una necesaria transformación real. De cualquier
manera una transformación real no puede surgir de sectores del socialismo opositor a un gobierno socialista, y menos aún de
un partido que intente sustituir la doctrina política por el marketing, por el evidente temor de definirse coherentemente
en una doctrina política clara. Lo que necesitamos no son las medias tintas de un caso, ni las copias serviles de modelos
foráneos –impropios en nuestra circunstancia– del otro; que en cualquier caso implicarían fortalecer al Estado
en lo que no son sus funciones y replantear un clientelismo “a lo neoliberal”, sino una transferencia real del
control real de los recursos del Estado a la población. Retirar al Estado completamente de lo que no sea su función es lo
que necesitamos, necesitamos la sustitución completa profunda del sistema socialista
por un sistema capitalista liberal que nos ponga en camino a la prosperidad. Recuerdo hace tiempo a mi esposa
defender apasionadamente la privatización popular petrolera, no del estatismo declarado sino de los liberalismos a medias
de quienes creen en la igualdad, pero únicamente en la medida que se creen más iguales que otros. Le preguntaba ella a una
buena amiga, que sólo admitía la posibilidad de entregar una acción de PDVSA a cada venezolano con la condición de que no
fuera el nuevo dueño, sino alguien más –y alguien en el Estado– el que decidiera como se administraría tal activo:
¿Si yo no soy capaz de administrar mi propia acción, como podría ser capaz de elegir al gobierno que la administre en mi lugar?
Y le recordaba que eso, que elegir democráticamente a los que administran el recurso, en nuestro nombre, y de acuerdo con
las leyes hechas a tal efecto por los legisladores igualmente electos por la mayoría, eso ya lo hacemos ahora. En Venezuela la actividad petrolera
es la más importante del país, en términos peso en el PIB y de ingreso fiscal. Un dato es que la abrumadora mayoría de las divisas que ingresan al país son producto, directo e indirecto, de las exportaciones
del sector petrolero. El petróleo, como todo lo que está en el subsuelo, es, y ha sido siempre, propiedad exclusiva del Estado
venezolano. Herencia que la corona española dejó, en la legislación, para su ex colonia. Por ello es importante diferenciar
que una cosa es petróleo, que siempre ha sido del Estado, desde la conquista hasta la fecha, y otra es la industria que lo
explote, esta última fue primero privada y nacional, luego privada y mayormente foránea. Tras su estatización fue exclusivamente
Estatal en su parte nacional mayoritaria; y exclusivamente extranjera en aquello que los gobiernos de turno consideraran conveniente
que fuera privado. Dicha discriminación antinacional se estableció por Ley. Y con el reciente cambio de constitución, se estableció
desde 1999 en la constitución bolivariana de Venezuela un articulado mediante el cual se prohíbe clara y expresamente que
PDVSA sea del pueblo. Sólo puede ser del Estado. Todo gobierno socialista es populista
en proporción directa de lo democrático que sea. El socialismo democrático, además de transferir recursos de la población
al Estado, debe redistribuir sobrantes de unos a otros, coincidieron en ello el socialismo de antes y el de ahora, pero los
beneficiarios no son los mismos. Los que antes poco o nada recibían, son la clientela electoral del nuevo socialismo, con lo que los que antes vivían comodante del Estado, poco o nada reciben hoy. Naturalmente
odian y envidian a los nuevos beneficiarios. Para pasar del socialismo
al capitalismo hay que quitarle al Estado todos los activos que no están dedicados a sus funciones naturales y dárselos a
las personas. Como eso no se ha hecho aún en lugar alguno, aún no hemos pasado del socialismo al capitalismo completamente
en sociedad alguna. En Venezuela es obvio que hay que empezar por el sector petrolero
estatal. Transferir la propiedad del subsuelo y de la industria del Estado a la población es algo que se puede completar mediante
su titularización y transferencia universal como se indica antes. Y en el caso de la industria –que no es la
dueña del subsuelo– la mejor vía es privatizar PDVSA entregando no menos de la mitad de las acciones directa y gratuitamente
a todos y cada uno de los ciudadanos[2] y usar el resto para pagar deuda pública. Nada de esto se puede hacer con
el actual marco jurídico. Es necesaria cambiarlo radicalmente. Y la propia Constitución vigente define el camino referendario
para alcanzar pacíficamente tal objetivo. Mientras tanto hay mucho que se puede hacer. Como ha propuesto Pedro Elías Hernández
–a partir de las décadas de discusión previa en las que se destacan los Monaldi y José Luis Cordeiro– incluso
bajo el actual marco jurídico sería posible adelantar como iniciativa popular un proyecto de ley para transferir íntegramente
la renta petrolera patrimonial creando un sistema de seguridad social integral, mayormente privado, que pese a sus naturales
limitaciones, garantizaría benéficos inimaginables en el sistema gubernamental
actual. Esto sería, separar un determinado tipo de recursos del subsuelo, los hidrocarburos, del resto en la forma de transferir
el control de los mismos del Estado a la población. El asunto empezaría, con un proyecto de Ley para replantearnos el siguiente
tema. Seguridad Social ¿Si
los socialistas afirman que el Estado debe pagar la salud y educación de los ciudadanos, y afirman que los ciudadanos son
capaces de elegir sus gobernantes, por qué no les permiten elegir también sus médicos y maestros? Los sistemas de cupones mediante
los que se sustituye el gasto directo en la oferta gubernamental de servicios médicos y escolares por sistemas de subsidio
directo de la demanda, tienen como principal virtud política que el costo fiscal del subsidio de la demanda resulta menor
que el mantenimiento del sistema estatal de oferta en educación, y todo lo que se suele llamar seguridad social. Es simple,
los prestadores privados de servicios son financieramente más eficientes que el gobierno en cualquier función que no sea de
naturaleza represiva porque identifican oportunidades empresariales que los burócratas no tienen motivación racional para identificar. Un gobierno que entrega cupones para que la gente pueda pagar con
ellos servicios médicos y escolares (y que pudiera hacer lo mismo con esquemas de jubilación por capitalización individual)
logra garantizar el acceso a tales servicios (con cargo al presupuesto público) al menor costo para el fisco y con mejor calidad
para los usuarios. No deja de ser una redistribución del ingreso el usar el presupuesto público a tales fines, aún con mayor
eficiencia. Los sistemas estatales seguridad social en materia de jubilaciones,
servicios médicos gratuitos, e incluso de escuelas públicas, están al borde del colapso financiero en aquellas socialdemocracias
que los inventaron, en las que los imitaron, y más aún en donde jamás despegaron del todo. Ante ese colapso inevitable hay
que privatizar la totalidad de sistema de seguridad social, atención médica y servicios escolares, garantizando en primera
instancia niveles de atención gratuita de una variedad y calidad que el sistema gubernamental jamás logrará sostener en el
tiempo. No deja de ser la redistribución de un ingreso por vía de impuestos. Pero esa deficiencia se superaría en un sistema
universal de seguridad social capaz de garantizar a todos los ciudadanos los servicios de salud, educación y jubilación, con
cargo a rentas actualmente monopolizadas por el Gobierno, distintas y distantes de los impuestos. Así, se podría no sólo garantizar
que aún el ciudadano con los menores ingresos, disfrutase de servicios médicos, educativos, y pensión de vejez independientes
de sus ingresos sin recurrir a la fuente fiscal. En Venezuela eso sería posible iniciarlo mañana, gracias al esfuerzo político
de Pedro Elías Hernández, que ha adelantado y divulgado –como proyecto de Ley– el primer paso indispensable para
garantizar la transferencia directa a los ciudadanos del 100% de las rentas patrimoniales del subsuelo, que financiarían fácilmente
un sistema integral de seguridad social privado y competitivo. La transferencia de la renta patrimonial
conocida como regalía[3] de un recurso actualmente monopolizado por el Estado, la proponemos los liberales como forma de superar el carácter fiscalista
del sistema conocido de cupones, tan exitoso en el desmontaje de los elementos más ineficientes del socialismo escandinavo.
Se podría argumentar que el sistema conocido, de no ser universal, tendería a crear dos clases de ciudadanos. La de los que pagan por sus propios servicios con su dinero, y por los de los demás con sus impuestos.
Y de ser universal crearía una insostenible presión fiscal. Para superar ese tipo de problemas potenciales, es que planteamos
diferencias críticas con el sistema conocido de subsidio de la demanda. En realidad lo que estamos proponiendo para Venezuela
es críticamente diferente y muy superior de todo lo conocido hasta ahora en esta materia. En defensa del método de subsidio
fiscal directo de la demanda, se debe decir que no hay nada capaz de producir mayor presión fiscal que un sistema de oferta
gubernamental –ya que está garantizada la quiebra financiera del sistema mismo en su propia naturaleza– como el
que se intenta hoy en casi todo el mundo en estas materias. El sistema que proponemos, puede
y debe ser universal, no habría nadie excluido de la transferencia del recurso por lo que no se crean dos clases de ciudadanos.
Por cierto, que eso es lo que ocurre actualmente. ¡No podemos crear lo que ya crearon otros! El problema existe y únicamente
podríamos enfrentarlo desde la realidad, porque creado está desde hace mucho tiempo:
Hay quien tiene recursos para pagar la educación o los servicios de salud privados (e incluso planes personales de
pensión privados internacionales) y hay muchos más que se tienen que conformar con los del gobierno, o con nada. Porque entre
los que se tendrían que conformar con los del gobierno, hay unos que reciben privilegios mayores, otros privilegios menores,
y algunos otros nada. Cosa que se puede discriminar, y se ha discriminado siempre, por filtros políticos y gremiales. Con el sistema propuesto todos
tendrían acceso a la gama completa (o al menos una mucho más amplia) de oferta. Incrementándose la demanda se mejora la oferta
por economía de escala y competencia, con lo que los precios bajan y la calidad sube. Exactamente lo contrario de lo que ocurre
ahora. La regalía de los hidrocarburos producto de la propiedad del subsuelo (que desde La clave de la propuesta está en
la transferencia directa de tal renta a cuentas individuales. Si no se realiza tal transferencia, en una o las dos formas
propuestas, el subsuelo seguirá siendo un monopolio del Estado aunque se entregase a cada ciudadano gratuitamente su propia
acción de PDVSA transfiriendo así el 50% de la industria al pueblo y subastando el otro 50% exclusivamente para el pago de
las deudas que contraen los gobiernos para su despilfarro y pagan los ciudadanos con su empobrecimiento, que es la otra mitad
de la solución al conjunto de los problemas que el monopolio petrolero Estatal ha causado en nuestra economía. Recordemos
nuevamente que una cosa es En el esquema que proponemos, la
transferencia es universal y el manejo de las cuentas individual, los fondos de cada cual se acumulan en la institución financiera
que cada cual elija –lo que establece una sana competencia por prestar los mejores servicios de intermediación y evita
los peligrosos fondos únicos de ahorro bajo el control del gobernante– en cuentas individuales, así que es de su cuenta
individual que cada cual saca el cupón de pago cuando lo requiere, lo usa como si fuera efectivo en la prestadora del servicio
(clínica, aseguradora, colegio) que le parezca la mejor y es la institución financiera, no el gobierno, quien lo redime en
efectivo. Pero la transferencia inicial puede ser directa desde las empresas que exploten dichos recursos, a las instituciones
financieras –lo que posiblemente requería de una reforma constitucional– limitándose el gobierno a hacer cumplir
Los recursos transferidos a las
cuentas individuales estarían divididos en tres sub-cuentas y podrían gastarse de inmediato únicamente en servicios de salud
y educación, además de acumularse en sistemas de capitalización individual para el retiro. Pero los tres serán capitalizables
en cada sub-cuenta individual por lo no gastado, y su rendimiento financiero, y finalmente se unificarían los remanentes de
las sub-cuentas al uso final de jubilación. Siendo cada cual libre de decidir entre las alternativas del mercado como transformar
su capital acumulado en una jubilación garantizada u otro forma de inversión. Lo importante es comprender que se trata de
tres patas para sostener un banco, para desarrollar completa y eficientemente un programa de seguridad social de este tipo
efectivamente se necesita tanto la transferencia del control accionario de la industria a la población como la efectiva titularización
y transferencia del subsuelo[4] –en el que no sólo hay hidrocarburos– para aplicar una parte de la transferencia de
una especifica regalía de ese subsuelo en un sistema completamente nuevo y diferente de seguridad social. Así podemos
hablar de ¡todo el poder para el pueblo! únicamente si entendemos que es lo contrario
de lo que hacen los socialistas del siglo XXI, como los del siglo XX, XIX o cualquier otro, y que no es más que acumular ¡todo
el poder para el Estado! Entender eso es el verdadero principio de una revolución de prosperidad. [1] Esto, en el campo de los hidrocarburos cuando menos, debería acompañarse de la fundación
de una institución muy novedosa y peculiar, que pudiera llamarse Consejo Estratégico Petrolero, en el que los representantes
de los bancos de títulos se sentarían con el ministro de Energía y Petróleo para definir el manejo estratégico del recurso.
Los representantes de los bancos de títulos votarían de acuerdo al número de títulos depositados en cada uno, con lo que de
acuerdo a las políticas propuestas por su representantes y a su efectividad en el CEP los ciudadanos tendrían un importante
criterio para cambiar el depósito de sus títulos de unos a otros. Como un organismo permanente y efectivo el número de sus
miembros sería limitado, con lo que los bancos de títulos que no tuvieran el
mínimo de depósitos deberían organizarse para una presentar de forma conjunta un representante o quedar fuera del Consejo.
El mínimo de títulos depositados para tener un representantes debería ser el 5% del total de los títulos y los votos se asignaría
a razón de un voto por cada 1% del total de los títulos, teniendo el representante de un banco con 5% del total de los títulos
confiados a su administración un asiento y cinco votos, el representante de un banco con el 8% de los títulos administración
un asiento y 8 votos, y un banco con el 3% de los títulos 3 votos y ningún asiento, por lo que debería asociarse con otros
bancos sin asiento hasta completar un 5% o con un banco con asiento para incrementar el número de votos de su representante
conjunto. Correspondería al Ministro de Energía y Petróleo la presidencia del Consejo y un único voto que ejercería únicamente
para lograr desempates de las votaciones cuando lo considerara conveniente. Es de destacar que los representantes en los asientos
en el Consejo, aunque lo desearen e intentaren, no lograrían representar, más que de forma efímera, algún interés diferente
del que de forma transparente le delegan los tenedores de los títulos, y que estos últimos se lo pueden retirar en cualquier
momento, según se consideren mejor o peor representados. [2] Hay dos peculiares objeciones que generalmente escuchamos: - La primera es la supuesta necesidad
de poner en manos de técnicos y gerentes tan importante industria, para que las decisiones sobre su administración no recaigan
en personas poco preparadas. Dicha objeción es absurda; en la medida que la empresa
sea manejada por el Estado, los técnicos y gerentes serán designados por políticos electos por esa misma gente que supuestamente
no sería capaz de elegir una directiva en una asamblea de accionistas. Ante esto suelen afirmar algunos que “antes”
los técnicos y gerentes no eran designados por “los políticos”, pero en ese caso tampoco serían designados por
los accionistas, ya que siendo el Estado el único accionista correspondía a éste el voto único de la asamblea, con lo que
deberíamos concluir entonces que dichos técnicos y gerentes se designaban unos a otros, y administraban los mayores recursos
de la república, sin control externo alguno y sin rendirse cuentas más que entre ellos mismos. O era eso, o eran designados
por “los políticos”. La verdad estaba a medio camino. El gobierno de turno designaba la junta directiva, y en
ella incluyeron de militares a políticos desde que se fundó PDVSA, pero el personal tenía los privilegios de empleo vitalicio
por mero cumplimiento formal de la normativa, pero no con los modestos salarios de los burócratas, sino con los muy elevados
de los verdaderos técnicos, gerentes y directivos de verdaderas petroleras que debían responder financieramente a verdaderos
accionistas. Antes de que la industria petrolera fuera estatizada en Venezuela, el impuesto que el Estado venezolano cobraba
a las operadoras petroleras antes de la nacionalización llegó al 54.2% de la factura. En el último año que estuvo bajo el
control de los “técnicos y gerentes”,
sin “control político” y con un precio del petróleo menor del actual, lo que el Estado Venezolano recibió
de su propia industria petrolera, por impuestos, dividendos, etc., no superó el 23,6% de la factura. Actualmente, con el precio
del petróleo más alto de su historia, y bajo completo control político se ha estimado en los medios especializados que estaría
en el orden del 25% al 28%. Los números indican que sin importar el modelo de gestión el problema no está en el modelo de
gestión como el hecho de ser una empresa estatal. - La segunda es que de entregarse las acciones a la
población, la mayoría vendería dichas acciones muy baratas y se gastará el dinero concentrándose el capital en pocas manos. Habiendo muchos interesados en comprarlas, afirmar que se vendarán “muy baratos”
títulos que se cotizan en mercados de valores organizados es risible. Pero el punto es que las personas tienen derecho a vender
sus propiedades y usar el dinero en lo que mejor consideren. Sería ridículo entregarle una acción de PDVSA a un indigente
y decirle que no puede venderla, comprarse una vivienda y montar un pequeño negocio. Que tiene que esperar años, y hacer eso,
poco a poco, con los dividendos. Por lo demás, no hay garantía alguna de que los dividendos sean siempre altos, o que el valor
de las acciones no baje en el mercado en el futuro, valor de la acción y dividendos pueden subir y bajar. La decisión que
cada cual tome respecto a su propio capital, aún si se equivoca, será mejor que la que tomara alguien que no conoce como él
mismo sus circunstancias particulares. Respecto al “peligro estratégico”
es de hacer notar que para evitar el supuesto peligro potencial de concentración del dominio privado del recurso como tal,
proponemos en primera instancia un sistema de titularización individual del subsuelo indiferenciado en que los títulos se
adquieren con la mayoría de edad y se extinguen con el fallecimiento (cosa que garantiza que ninguna concentración efectiva
sea posible) y si no se puede concentrar el dominio privado del recurso, que se concentre o no la propiedad de las acciones
de las operadoras es completamente irrelevante para los efectos estratégicos del control nacional soberano. [3] No se me escapa la aparente contradicción práctica entre tal transferencia de la regalía hacia
las cuentas individuales de tal sistema de seguridad social privado y los títulos individuales de dominio del subsuelo que
propongo antes. Existen varias posibles soluciones para aplicar ambas cosas al mismo tiempo, y aquella que personalmente me
parece más adecuada para una transición del socialismo al capitalismo es que un porcentaje de los dividendos correspondientes
a los títulos individuales del subsuelo se transfiera a las cuentas individuales de seguridad social. Tampoco se me escapa
que se estaría imponiendo un uso obligatorio sobre una parte de los recursos transferidos, pero es la única solución en que
se puede conjugar la propiedad de las acciones por los ciudadanos, sin cortapisa alguna para su uso, el control ciudadano
efectivo de la propiedad del subsuelo privatizado, el uso libre de una parte de la regalía correspondiente a ello, y un sistema
de seguridad social de cuentas individuales, sin fondos acumulados bajo el control del gobernante, y en el que se aplique
el subsidio directo de la demanda sin intervención de Estado como oferente de unos servicios que por no corresponderse con
su naturaleza, propósito y razón, simplemente no puede la burocracia manejar con eficiencia y rara vez logra manejar con eficacia. [4] También requería el nuevo sistema la privatización del sistema público de oferta de los servicios
respectivos, que se puede adelantar mediante la liquidación forzosa por subasta de los activos y pasivos asociados, y como
muchos de dichos pasivos son obligaciones laborales se puede fácilmente verificar en muchos casos la transferencia de la propiedad
a sus actuales empleados directos, organizados en empresas o cooperativas. |
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