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Hacia el capitalismo popular: Petróleo y seguridad social














Guillermo Rodríguez G.





La raza humana se divide políticamente
entre aquellos que quieren que la gente esté controlada y los que no.
Robert A. Heinlein

3erPolo
















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Construir el capitalismo popular partiendo del socialismo empobrecedor es un enorme desafío, inicialmente de imaginación y valor para proponer soluciones nunca antes intentadas, a fin de poder aplicar otras ampliamente conocidas. Es obvio que no hemos conocido jamás el capitalismo en Venezuela, pasamos del mercantilismo al socialismo en construcción, sin lograr otra cosa que acercarnos tangencialmente un instante fugaz –sin llegar realmente– a ese sistema de prosperidad creciente. No es extraño que nuestros socialistas hablen tanto de exclusión, después de todo la exclusión es el problema real del mercantilismo, tampoco es raro que acusen de esa exclusión al capitalismo por más falsa que sea la acusación. El mercantilismo bien pudiera ser descrito como un sistema de “apartheid” social en que una minoría se reserva algo muy parecido a las ventajas del capitalismo para ella sola, y crea toda una serie de barreras legales para impedir el acceso de las mayorías al capitalismo. Un socialismo montado desde ahí –y no deja de ser interesante que es desde algo así como antecedente que se montaron sus todos grandes experimentos genocidas del siglo pasado– no es más que la plena estatización de tales privilegios durante un cambio de oligarquías más o menos violento. Es por ello que no se puede simplemente retroceder, pues lo que se dejó atrás no eran las instituciones que necesitamos para construir una sociedad realmente prospera. Así que hablar de  desregulación, privatización y Estado limitado a sus funciones propias, carece de sentido si no tenemos claro como se llega a eso partiendo de la realidad objetiva que tenemos. Es difícil imaginar cualquier cambio profundo en un petroestado como Venezuela, que no empiece por cambiar profundamente las relaciones de poder en torno al petróleo, tanto a la industria como al recurso como tal. Creo que ahí está el principio del asunto.

 

Petróleo

¿Si el petróleo es del pueblo,

por qué no tiene el pueblo las acciones de PDVSA?

 

No todos los activos mercantiles bajo control del Estado socialista pueden ser transferidos a la sociedad de la misma manera, pero todos deben ser transferidos de alguna manera. El petróleo es el activo más importante –en la actualidad– bajo el control del sistema socialista venezolano. Son monopolios del Estado tanto la industria que lo explota, como la propiedad del recurso. Para transferir el control del recurso y la industria a los ciudadanos se podría empezar por entregar a cada venezolano mayor de edad un título individual vitalicio el subsuelo. Como un derecho vitalicio que adquieren los individuos de cada generación, no sería heredable y se extinguiría a la muerte de  cada detentador, ya que sus herederos recibirían, cada uno, un título exactamente igual al cumplir la mayoría de edad. Cada uno puede depositar su título del subsuelo en una institución intermediaria financiera para que esta se ocupe de administrarlo. Las instituciones tendrían que competir por captar el mayor numero de títulos, a fin de tener una mayor tajada en todos los negocios mineros, a mayor cantidad de títulos, mayor participación podrían tener en la administración conjunta de minas o yacimientos. En tal esquema, privado y contractual, sería el sistema judicial el árbitro en lugar del ejecutivo. No es que tengamos un sistema judicial de primera, pero en todo caso las disputas contractuales mercantiles las podemos manejar los ciudadanos mejor que el ejecutivo. Y tal vez así comenzaríamos a ver la importancia de la elección popular de jueces honestos y razonables. Tendría cada ciudadano el poder real de influir permanentemente sobre todos los aspectos del manejo de los recursos del subsuelo, ya que puede cambiar su título de uno a otro banco enviando así señales muy claras sobre la política de manejo de dichos recursos que considera mejor en cualquier momento; mientras el gobierno electo por la mayoría de los ciudadanos estaría en la obligación de colocar su aparato diplomático en sintonía con las políticas que los ciudadanos implementan en el manejo de sus recursos estratégicos.[1]

 

No está exento de dificultades lo que propongo, pero ciertamente es un cambio dramático que podemos aplicar a la totalidad de los activos mercantiles del Estado. Se pueden transferir los activos mercantiles del Estado a la población mediante acciones para la gente en las empresas como PDVSA y derechos vitalicios que cubran desde el subsuelo al espacio radioeléctrico. Lo que no se puede hacer en país con una institucionalidad extremadamente débil, y no se debería intentar ni aún en otros con más solidez institucional, es la creación de uno o varios fondos de ahorro –bajo control directo o indirecto del Estado–  que acumulen los recursos a ser transferidos, pues por esa vía dichos fondos terminarán utilizándose para financiar el gasto gubernamental en condiciones ruinosas para los beneficiarios de los fondos. Las desastrosas experiencias con los fondos de ahorro de los Seguros Sociales, así como con los fondos de estabilización macroeconómica, implican que la tentación de usar los fondos –si están a mano– será irresistible para los gobiernos de turno. La acumulación de ahorro a partir de transferencias de este tipo debe ocurrir en las instituciones financieras que cada beneficiario libremente seleccione y a las mismas se les debe prohibir expresamente el realizar prestamos, al Estado o el comprar títulos de deuda gubernamental con dichos fondos. Cualquier acumulación bajo control político se puede describir como “zamuros cuidando carne” y eso de poner zamuros a cuidar carne es la deficiencia fundamental que comparten los dos proyectos –diferentes entre si en otros aspectos– de asignación de recursos patrimoniales del subsuelo a la seguridad social  que se habián presentado en la campaña electoral presidencial del 2006 los pre-candidatos presidenciales Julio Borges y Teodoro Petkoff en Venezuela. Y esa fatal deficiencia comparten, como otras particulares, los programas de esos pre-candidatos con el fracasado candidato unitario Rosales y su absurda propuesta "mi negra" que no pasó de un inútil cambio gatopardiado (las misiones cambiaban para seguir siendo las misiones, con lo que cambiría apenas la franela roja obligada por una azúl no menos forzada)  condenado al fracaso progresivo en lugar de una necesaria transformación real. De cualquier manera una transformación real no puede surgir de sectores del socialismo opositor a un gobierno socialista, y menos aún de un partido que intente sustituir la doctrina política por el marketing, por el evidente temor de definirse coherentemente en una doctrina política clara. Lo que necesitamos no son las medias tintas de un caso, ni las copias serviles de modelos foráneos –impropios en nuestra circunstancia– del otro; que en cualquier caso implicarían fortalecer al Estado en lo que no son sus funciones y replantear un clientelismo “a lo neoliberal”, sino una transferencia real del control real de los recursos del Estado a la población. Retirar al Estado completamente de lo que no sea su función es lo que necesitamos, necesitamos la sustitución completa  profunda del sistema socialista por un sistema capitalista liberal que nos ponga en camino a la prosperidad.

 

Recuerdo hace tiempo a mi esposa defender apasionadamente la privatización popular petrolera, no del estatismo declarado sino de los liberalismos a medias de quienes creen en la igualdad, pero únicamente en la medida que se creen más iguales que otros. Le preguntaba ella a una buena amiga, que sólo admitía la posibilidad de entregar una acción de PDVSA a cada venezolano con la condición de que no fuera el nuevo dueño, sino alguien más –y alguien en el Estado– el que decidiera como se administraría tal activo: ¿Si yo no soy capaz de administrar mi propia acción, como podría ser capaz de elegir al gobierno que la administre en mi lugar? Y le recordaba que eso, que elegir democráticamente a los que administran el recurso, en nuestro nombre, y de acuerdo con las leyes hechas a tal efecto por los legisladores igualmente electos por la mayoría, eso ya lo hacemos ahora.

 

En Venezuela la actividad petrolera es la más importante del país, en términos peso en el PIB y de ingreso fiscal. Un dato es que la  abrumadora mayoría de las divisas que ingresan al país son producto, directo e indirecto, de las exportaciones del sector petrolero. El petróleo, como todo lo que está en el subsuelo, es, y ha sido siempre, propiedad exclusiva del Estado venezolano. Herencia que la corona española dejó, en la legislación, para su ex colonia. Por ello es importante diferenciar que una cosa es petróleo, que siempre ha sido del Estado, desde la conquista hasta la fecha, y otra es la industria que lo explote, esta última fue primero privada y nacional, luego privada y mayormente foránea. Tras su estatización fue exclusivamente Estatal en su parte nacional mayoritaria; y exclusivamente extranjera en aquello que los gobiernos de turno consideraran conveniente que fuera privado. Dicha discriminación antinacional se estableció por Ley. Y con el reciente cambio de constitución, se estableció desde 1999 en la constitución bolivariana de Venezuela un articulado mediante el cual se prohíbe clara y expresamente que PDVSA sea del pueblo. Sólo puede ser del Estado.

 

Todo gobierno socialista es populista en proporción directa de lo democrático que sea. El socialismo democrático, además de transferir recursos de la población al Estado, debe redistribuir sobrantes de unos a otros, coincidieron en ello el socialismo de antes y el de ahora, pero los beneficiarios no son los mismos. Los que antes poco o nada recibían, son la clientela electoral del nuevo socialismo,  con lo que los que antes vivían comodante del Estado, poco o nada reciben hoy. Naturalmente odian y envidian a los nuevos beneficiarios.

 

Para pasar del socialismo al capitalismo hay que quitarle al Estado todos los activos que no están dedicados a sus funciones naturales y dárselos a las personas. Como eso no se ha hecho aún en lugar alguno, aún no hemos pasado del socialismo al capitalismo completamente en sociedad alguna.  En Venezuela es obvio que hay que empezar por el sector petrolero estatal. Transferir la propiedad del subsuelo y de la industria del Estado a la población es algo que se puede completar mediante su titularización y transferencia universal como se indica antes. Y en el caso de la industria –que no es la dueña del subsuelo– la mejor vía es privatizar PDVSA entregando no menos de la mitad de las acciones directa y gratuitamente a todos y cada uno de los ciudadanos[2] y usar el resto para pagar deuda pública.

 

Nada de esto se puede hacer con el actual marco jurídico. Es necesaria cambiarlo radicalmente. Y la propia Constitución vigente define el camino referendario para alcanzar pacíficamente tal objetivo. Mientras tanto hay mucho que se puede hacer. Como ha propuesto Pedro Elías Hernández –a partir de las décadas de discusión previa en las que se destacan los Monaldi y José Luis Cordeiro– incluso bajo el actual marco jurídico sería posible adelantar como iniciativa popular un proyecto de ley para transferir íntegramente la renta petrolera patrimonial creando un sistema de seguridad social integral, mayormente privado, que pese a sus naturales limitaciones, garantizaría  benéficos inimaginables en el sistema gubernamental actual. Esto sería, separar un determinado tipo de recursos del subsuelo, los hidrocarburos, del resto en la forma de transferir el control de los mismos del Estado a la población. El asunto empezaría, con un proyecto de Ley para replantearnos el siguiente tema.

 

Seguridad Social

 

¿Si los socialistas afirman que el Estado debe pagar la salud y educación de los ciudadanos, y afirman que los ciudadanos son capaces de elegir sus gobernantes, por qué no les permiten elegir también sus médicos y maestros?

 

Los sistemas de cupones mediante los que se sustituye el gasto directo en la oferta gubernamental de servicios médicos y escolares por sistemas de subsidio directo de la demanda, tienen como principal virtud política que el costo fiscal del subsidio de la demanda resulta menor que el mantenimiento del sistema estatal de oferta en educación, y todo lo que se suele llamar seguridad social. Es simple, los prestadores privados de servicios son financieramente más eficientes que el gobierno en cualquier función que no sea de naturaleza represiva porque identifican oportunidades empresariales que los burócratas no tienen  motivación racional para identificar. Un gobierno que entrega cupones para que la gente pueda pagar con ellos servicios médicos y escolares (y que pudiera hacer lo mismo con esquemas de jubilación por capitalización individual) logra garantizar el acceso a tales servicios (con cargo al presupuesto público) al menor costo para el fisco y con mejor calidad para los usuarios. No deja de ser una redistribución del ingreso el usar el presupuesto público a tales fines, aún con mayor eficiencia. Los sistemas estatales seguridad social en materia de  jubilaciones, servicios médicos gratuitos, e incluso de escuelas públicas, están al borde del colapso financiero en aquellas socialdemocracias que los inventaron, en las que los imitaron, y más aún en donde jamás despegaron del todo.

 

Ante ese colapso inevitable hay que privatizar la totalidad de sistema de seguridad social, atención médica y servicios escolares, garantizando en primera instancia niveles de atención gratuita de una variedad y calidad que el sistema gubernamental jamás logrará sostener en el tiempo. No deja de ser la redistribución de un ingreso por vía de impuestos. Pero esa deficiencia se superaría en un sistema universal de seguridad social capaz de garantizar a todos los ciudadanos los servicios de salud, educación y jubilación, con cargo a rentas actualmente monopolizadas por el Gobierno, distintas y distantes de los impuestos. Así, se podría no sólo garantizar que aún el ciudadano con los menores ingresos, disfrutase de servicios médicos, educativos, y pensión de vejez independientes de sus ingresos sin recurrir a la fuente fiscal. En Venezuela eso sería posible iniciarlo mañana, gracias al esfuerzo político de Pedro Elías Hernández, que ha adelantado y divulgado –como proyecto de Ley– el primer paso indispensable para garantizar la transferencia directa a los ciudadanos del 100% de las rentas patrimoniales del subsuelo, que financiarían fácilmente un sistema integral de seguridad social privado y competitivo.

 

La transferencia de la renta patrimonial conocida como regalía[3] de un recurso actualmente monopolizado por el Estado, la proponemos los liberales como forma de superar el carácter fiscalista del sistema conocido de cupones, tan exitoso en el desmontaje de los elementos más ineficientes del socialismo escandinavo. Se podría argumentar que el sistema conocido, de no ser universal, tendería a crear dos clases de ciudadanos. La de los que  pagan por sus propios servicios con su dinero, y por los de los demás con sus impuestos. Y de ser universal crearía una insostenible presión fiscal. Para superar ese tipo de problemas potenciales, es que planteamos diferencias críticas con el sistema conocido de subsidio de la demanda. En realidad lo que estamos proponiendo para Venezuela es críticamente diferente y muy superior de todo lo conocido hasta ahora en esta materia.

 

En defensa del método de subsidio fiscal directo de la demanda, se debe decir que no hay nada capaz de producir mayor presión fiscal que un sistema de oferta gubernamental –ya que está garantizada la quiebra financiera del sistema mismo en su propia naturaleza– como el que se intenta hoy en casi todo el mundo en estas materias.

 

El sistema que proponemos, puede y debe ser universal, no habría nadie excluido de la transferencia del recurso por lo que no se crean dos clases de ciudadanos. Por cierto, que eso es lo que ocurre actualmente. ¡No podemos crear lo que ya crearon otros! El problema existe y únicamente podríamos enfrentarlo desde la realidad, porque creado está desde hace mucho tiempo:  Hay quien tiene recursos para pagar la educación o los servicios de salud privados (e incluso planes personales de pensión privados internacionales) y hay muchos más que se tienen que conformar con los del gobierno, o con nada. Porque entre los que se tendrían que conformar con los del gobierno, hay unos que reciben privilegios mayores, otros privilegios menores, y algunos otros nada. Cosa que se puede discriminar, y se ha discriminado siempre, por filtros políticos y gremiales.

 

Con el sistema propuesto todos tendrían acceso a la gama completa (o al menos una mucho más amplia) de oferta. Incrementándose la demanda se mejora la oferta por economía de escala y competencia, con lo que los precios bajan y la calidad sube. Exactamente lo contrario de lo que ocurre ahora. La regalía de los hidrocarburos producto de la propiedad del subsuelo (que desde la Corona hasta la fecha han usado nuestros gobernantes, con mayor o menor éxito, para no depender financieramente de la sociedad, logrando finalmente en el siglo XX que fuera la sociedad la que dependiera financieramente del Estado de forma creciente) se puede  transferir integralmente a los ciudadanos al tiempo que se crea un nuevo sistema privado, competitivo y universal de seguridad social para todos.

 

La clave de la propuesta está en la transferencia directa de tal renta a cuentas individuales. Si no se realiza tal transferencia, en una o las dos formas propuestas, el subsuelo seguirá siendo un monopolio del Estado aunque se entregase a cada ciudadano gratuitamente su propia acción de PDVSA transfiriendo así el 50% de la industria al pueblo y subastando el otro 50% exclusivamente para el pago de las deudas que contraen los gobiernos para su despilfarro y pagan los ciudadanos con su empobrecimiento, que es la otra mitad de la solución al conjunto de los problemas que el monopolio petrolero Estatal ha causado en nuestra economía. Recordemos nuevamente que una cosa es la Industria que fue estatizada desde 1975 y otra el subsuelo que ya estaba estatizado en la colonia. Un punto importante es que otros mecanismos tradicionales diferentes de los dos propuestos para privatizar el subsuelo –del tipo propuesto en el suelo– tienen más problemas de implementación, generarían más resistencia política, y no sustituirían de una vez los programas sociales estatistas financieramente insostenibles. En este sentido es una propuesta pensada en términos de transición.

 

En el esquema que proponemos, la transferencia es universal y el manejo de las cuentas individual, los fondos de cada cual se acumulan en la institución financiera que cada cual elija –lo que establece una sana competencia por prestar los mejores servicios de intermediación y evita los peligrosos fondos únicos de ahorro bajo el control del gobernante– en cuentas individuales, así que es de su cuenta individual que cada cual saca el cupón de pago cuando lo requiere, lo usa como si fuera efectivo en la prestadora del servicio (clínica, aseguradora, colegio) que le parezca la mejor y es la institución financiera, no el gobierno, quien lo redime en efectivo. Pero la transferencia inicial puede ser directa desde las empresas que exploten dichos recursos, a las instituciones financieras –lo que posiblemente requería de una reforma constitucional– limitándose el gobierno a hacer cumplir la Ley y los mandatos judiciales en esa materia como en todas las demás.

 

Los recursos transferidos a las cuentas individuales estarían divididos en tres sub-cuentas y podrían gastarse de inmediato únicamente en servicios de salud y educación, además de acumularse en sistemas de capitalización individual para el retiro. Pero los tres serán capitalizables en cada sub-cuenta individual por lo no gastado, y su rendimiento financiero, y finalmente se unificarían los remanentes de las sub-cuentas al uso final de jubilación. Siendo cada cual libre de decidir entre las alternativas del mercado como transformar su capital acumulado en una jubilación garantizada u otro forma de inversión. Lo importante es comprender que se trata de tres patas para sostener un banco, para desarrollar completa y eficientemente un programa de seguridad social de este tipo efectivamente se necesita tanto la transferencia del control accionario de la industria a la población como la efectiva titularización y transferencia del subsuelo[4] –en el que no sólo hay hidrocarburos– para aplicar una parte de la transferencia de una especifica regalía de ese subsuelo en un sistema completamente nuevo y diferente de seguridad social. Así podemos hablar de ¡todo el  poder para el pueblo! únicamente si entendemos que es lo contrario de lo que hacen los socialistas del siglo XXI, como los del siglo XX, XIX o cualquier otro, y que no es más que acumular ¡todo el poder para el Estado! Entender eso es el verdadero principio de una revolución de prosperidad.

 



[1] Esto, en el campo de los hidrocarburos cuando menos, debería acompañarse de la fundación de una institución muy novedosa y peculiar, que pudiera llamarse Consejo Estratégico Petrolero, en el que los representantes de los bancos de títulos se sentarían con el ministro de Energía y Petróleo para definir el manejo estratégico del recurso. Los representantes de los bancos de títulos votarían de acuerdo al número de títulos depositados en cada uno, con lo que de acuerdo a las políticas propuestas por su representantes y a su efectividad en el CEP los ciudadanos tendrían un importante criterio para cambiar el depósito de sus títulos de unos a otros. Como un organismo permanente y efectivo el número de sus miembros sería limitado, con lo que los bancos  de títulos que no tuvieran el mínimo de depósitos deberían organizarse para una presentar de forma conjunta un representante o quedar fuera del Consejo. El mínimo de títulos depositados para tener un representantes debería ser el 5% del total de los títulos y los votos se asignaría a razón de un voto por cada 1% del total de los títulos, teniendo el representante de un banco con 5% del total de los títulos confiados a su administración un asiento y cinco votos, el representante de un banco con el 8% de los títulos administración un asiento y 8 votos, y un banco con el 3% de los títulos 3 votos y ningún asiento, por lo que debería asociarse con otros bancos sin asiento hasta completar un 5% o con un banco con asiento para incrementar el número de votos de su representante conjunto. Correspondería al Ministro de Energía y Petróleo la presidencia del Consejo y un único voto que ejercería únicamente para lograr desempates de las votaciones cuando lo considerara conveniente. Es de destacar que los representantes en los asientos en el Consejo, aunque lo desearen e intentaren, no lograrían representar, más que de forma efímera, algún interés diferente del que de forma transparente le delegan los tenedores de los títulos, y que estos últimos se lo pueden retirar en cualquier momento, según se consideren mejor o peor representados. 

 

[2] Hay dos peculiares objeciones que generalmente escuchamos:

 

- La primera es la supuesta necesidad de poner en manos de técnicos y gerentes tan importante industria, para que las decisiones sobre su administración no recaigan en personas poco preparadas.  Dicha objeción es absurda; en la medida que la empresa sea manejada por el Estado, los técnicos y gerentes serán designados por políticos electos por esa misma gente que supuestamente no sería capaz de elegir una directiva en una asamblea de accionistas. Ante esto suelen afirmar algunos que “antes” los técnicos y gerentes no eran designados por “los políticos”, pero en ese caso tampoco serían designados por los accionistas, ya que siendo el Estado el único accionista correspondía a éste el voto único de la asamblea, con lo que deberíamos concluir entonces que dichos técnicos y gerentes se designaban unos a otros, y administraban los mayores recursos de la república, sin control externo alguno y sin rendirse cuentas más que entre ellos mismos. O era eso, o eran designados por “los políticos”. La verdad estaba a medio camino. El gobierno de turno designaba la junta directiva, y en ella incluyeron de militares a políticos desde que se fundó PDVSA, pero el personal tenía los privilegios de empleo vitalicio por mero cumplimiento formal de la normativa, pero no con los modestos salarios de los burócratas, sino con los muy elevados de los verdaderos técnicos, gerentes y directivos de verdaderas petroleras que debían responder financieramente a verdaderos accionistas. Antes de que la industria petrolera fuera estatizada en Venezuela, el impuesto que el Estado venezolano cobraba a las operadoras petroleras antes de la nacionalización llegó al 54.2% de la factura. En el último año que estuvo bajo el control  de los “técnicos y gerentes”,  sin “control político” y con un precio del petróleo menor del actual, lo que el Estado Venezolano recibió de su propia industria petrolera, por impuestos, dividendos, etc., no superó el 23,6% de la factura. Actualmente, con el precio del petróleo más alto de su historia, y bajo completo control político se ha estimado en los medios especializados que estaría en el orden del 25% al 28%. Los números indican que sin importar el modelo de gestión el problema no está en el modelo de gestión como el hecho de ser una empresa estatal.

 

- La segunda es que de entregarse las acciones a la población, la mayoría vendería dichas acciones muy baratas y se gastará el dinero concentrándose el capital en pocas manos.  Habiendo muchos interesados en comprarlas, afirmar que se vendarán “muy baratos” títulos que se cotizan en mercados de valores organizados es risible. Pero el punto es que las personas tienen derecho a vender sus propiedades y usar el dinero en lo que mejor consideren. Sería ridículo entregarle una acción de PDVSA a un indigente y decirle que no puede venderla, comprarse una vivienda y montar un pequeño negocio. Que tiene que esperar años, y hacer eso, poco a poco, con los dividendos. Por lo demás, no hay garantía alguna de que los dividendos sean siempre altos, o que el valor de las acciones no baje en el mercado en el futuro, valor de la acción y dividendos pueden subir y bajar. La decisión que cada cual tome respecto a su propio capital, aún si se equivoca, será mejor que la que tomara alguien que no conoce como él mismo sus circunstancias particulares. Respecto al  “peligro estratégico” es de hacer notar que para evitar el supuesto peligro potencial de concentración del dominio privado del recurso como tal, proponemos en primera instancia un sistema de titularización individual del subsuelo indiferenciado en que los títulos se adquieren con la mayoría de edad y se extinguen con el fallecimiento (cosa que garantiza que ninguna concentración efectiva sea posible) y si no se puede concentrar el dominio privado del recurso, que se concentre o no la propiedad de las acciones de las operadoras es completamente irrelevante para los efectos estratégicos del control nacional soberano. 

[3] No se me escapa la aparente contradicción práctica entre tal transferencia de la regalía hacia las cuentas individuales de tal sistema de seguridad social privado y los títulos individuales de dominio del subsuelo que propongo antes. Existen varias posibles soluciones para aplicar ambas cosas al mismo tiempo, y aquella que personalmente me parece más adecuada para una transición del socialismo al capitalismo es que un porcentaje de los dividendos correspondientes a los títulos individuales del subsuelo se transfiera a las cuentas individuales de seguridad social. Tampoco se me escapa que se estaría imponiendo un uso obligatorio sobre una parte de los recursos transferidos, pero es la única solución en que se puede conjugar la propiedad de las acciones por los ciudadanos, sin cortapisa alguna para su uso, el control ciudadano efectivo de la propiedad del subsuelo privatizado, el uso libre de una parte de la regalía correspondiente a ello, y un sistema de seguridad social de cuentas individuales, sin fondos acumulados bajo el control del gobernante, y en el que se aplique el subsidio directo de la demanda sin intervención de Estado como oferente de unos servicios que por no corresponderse con su naturaleza, propósito y razón, simplemente no puede la burocracia manejar con eficiencia y rara vez logra manejar con eficacia.   

[4] También requería el nuevo sistema la privatización del sistema público de oferta de los servicios respectivos, que se puede adelantar mediante la liquidación forzosa por subasta de los activos y pasivos asociados, y como muchos de dichos pasivos son obligaciones laborales se puede fácilmente verificar en muchos casos la transferencia de la propiedad a sus actuales empleados directos, organizados en empresas o cooperativas.
















3erPolo

 
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