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Capitalismo popular en el espacio radioeléctrico














Guillermo Rodríguez G.





¿Si el cielo es de todos,
por qué no tengo el título de mi pedacito?

3erPolo
















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Consideremos un ejemplo  que relaciona la propiedad de un bien hoy monopolizado por el Estado con la libertad de expresión. Los modernos medios de comunicación radioeléctricos, se rigen por el anciano esquema legal cuya encarnación en el imaginario colectivo es la figura del Rey Sol, Luis XIV. En el antiguo régimen toda actividad económica importante estaba reservada al soberano absoluto. Como los mismos no desarrollaban, ni frecuente, ni eficientemente, tales actividades, ocupados como estaban en los complejos juegos de la política dinástica; política que como explicaría después el general prusiano Karl von Clausewitz requería con frecuencia ser continuada por medio de la guerra, respecto de la producción y el comercio que se reservaban  solían conceder graciosamente el privilegio de desarrollarlas de forma muy limitada y regulada –pero también graciosamente protegida de cualquier posible competencia– a quienes gozaban del más valioso –y muy volátil– intangible que se conoció durante el antiguo régimen del absolutismo; y que no era otro que el favor del soberano.

 

El neo socialismo coincide plenamente con el antiguo régimen, más aún de lo que coincidía el socialismo de siglos pasados, en que el modelo económico del antiguo régimen sería el ideal, siempre y cuando la soberanía resida en el pueblo. Así pasamos de ser siervos del jefe de la tribu a ser esclavos de la tribu misma. Pero en la práctica la mayoría es la que tiene la capacidad de reclamar para sí tal soberanía popular usándola en contra de cualquier individuo o minoría racial, económica o cultural. El poder ilimitado de la mayoría democrática en la medida que se sobreponga al derecho del individuo tenderá a concentrarse una personificación política de la muchedumbre.[1]

 

Mientras la propiedad invertida en cualquier actividad dependa de la graciosa concesión del soberano –y no sea un derecho individual que limita de forma absoluta el poder del soberano– no habrá libertad en el ámbito del que hablemos. Si todo el papel que se pudiera fabricar, fuera propiedad indiscutida del soberano la prensa libre sería inimaginable. No es de extrañar que entre las concesiones más vigiladas del antiguo régimen estuviese la imprenta, después de todo la imprenta fue al absolutismo antiguo lo que los medios radioeléctricos han sido al moderno. Como el espacio radioeléctrico es, por ahora, propiedad indiscutida del soberano no puede haber garantía real para la libertad de expresión en la radio y la televisión. Todo derecho que dependa de la gracia del soberano dejará de ser un derecho para ser una graciosa concesión. Propiedad la llama el neo-socialismo en su legislación. Pero propiedad relativa, y en última instancia, relativa al caerle o no en gracia al soberano. Quien sea el soberano es lo de menos.

 

En resumen, puede que tengamos suficientes radios en la mayor parte del mundo. Y aunque no nos estorbarían emisoras de radio muy pequeñas que son hoy tan técnicamente y financieramente simples de poner en operación como legalmente complejas y en muchos casos imposibles, y pese a que el fenómeno de la radio en Internet es algo a considerar, la verdad es el gran parte del mundo la Internet sigue siendo algo que está aún lejos de ser realmente masivo. Lo que podemos observar como un hecho indiscutible es que en la mayor parte del mundo tenemos muy pocas televisoras no por razones tecnológicas ni económicas sino como resultado de la legislación. Si la oferta es escasa es obvio que no habrá una variedad amplia en dicha oferta. Con pocas televisoras de señal abierta, local o nacional, la tendencia natural es decantarse por televisoras que transmiten para todo público, desde infantes hasta ancianos y desde moralistas hasta libertinos. En esos términos nunca será posible complacer razonablemente a unos sin ofender la susceptibilidad de otros. Lo más que se puede intentar es segmentar por horario la programación y las promociones de unos horarios en otros. Pero por más cuidado que se ponga en soluciones de compromiso, la diferencia entre la moral privada mayoritaria que reflejan las mediciones de encendido y los estándares políticos de la moral pública suele ser tan grande que todas las soluciones ofenderán indudablemente una parte potencialmente utilizable para la presión política de los afectados. La solución de la regulación, sólo podría ser prohibir lo que ofenda al criterio del todopoderoso soberano absoluto e indiscutido señor del espacio radioeléctrico. Y al de los súbditos que le caigan en gracia. Y los enemigos fanáticos de la libertad humana suelen estar dotados de gran habilidad de caer en gracia al poder soberano.

 

Si el problema sin solución para el televidente que no quiere ver promociones o propagandas, violentas o inadecuadas según su criterio subjetivo; digamos que durante la transmisión de una programación infantil –cosa que en efecto está entre las causas del activismo conservador– se origina en gran parte en la naturaleza tan poco competitiva[2]  de la televisión de señal abierta nacional o regional en gran parte del mundo, transformar tal modelo en obligatorio por ley  como también se ha hecho, es una estupidez incalificable que se cometió desde tiempo atrás y que ahora se podría relajar por tolerancia o reforzar y hacer cumplir. Todo depende del gracioso humor del soberano. El objetivo aquí sería que el marco legal garantice la oportunidad para que contásemos con el mayor número posible de televisoras nacionales, regionales o locales, de señal abierta, transmitiendo en competencia con independencia de que sean análogas, digitales o de cualquier tecnología futura. Considero que difícilmente sobrevivirían las televisoras existentes que no cambiaran dramáticamente su percepción de la naturaleza de su negocio y estimo que algunas lo lograrían y otras no. Pero con independencia de que tenga o no razón en la estimación el dato relevante es que los mercados más específicos, con la demanda que su mera existencia implica, garantizarían que se identifique como oportunidad de negocio y se desarrolle la oferta de televisoras temáticas, con lo que algunas televisoras infantiles se concentrarían en cubrir el entretenimiento de los niños a la medida de las preocupaciones educativas de diferentes grupos de padres. Tendríamos televisoras para moralistas y televisoras para libertinos. Y cada cual vería lo que deseara, sin ofender, ni sentirse ofendido. Excepto los que se ofenden por no poder imponer por la fuerza sus peculiares criterios a los demás. Pero la mentalidad servil de tales individuos merece sufrir en la impotencia. Ya que de su potencia nacen casi todos los males de la civilización occidental

 

Para cambiar el esquema de concesiones por un esquema de propiedad hay que privatizar el espacio radioeléctrico. Entendamos que el que el espacio radioeléctrico sea propiedad del Estado es en gran parte un accidente que nace de la necesidad de regular la asignación y el uso de las frecuencias en un momento en que el estatismo era ya muy influyente en la opinión [3]. Es similar al problema de regular el uso de las tierras públicas pues o se dan en concesión o se privatizan. Y en el caso del espacio radioeléctrico al parecer en todo el mundo se optó por la concesión. De una u otra forma. Como el soberano moderno es teóricamente el pueblo y el pueblo somos todos, y como la administración delegada de nuestro espacio radioeléctrico por el Estado nos coloca en una situación en la que un legítimo interés –que no lo comparta ni en forma ni en fondo bajo circunstancia alguna, rechazándolo sin duda, no me hace considerarlo menos legítimo– de que no aparezcan propagandas comerciales o avances de la propia programación protagonizadas por modelos –de ambos sexos aunque el común de las preocupaciones moralistas en estos asuntos no dejan de tener un tinte machista en el común de los casos–  en escasa ropa y situaciones de contenido erótico. U otras con un contenido en extremo violento o en cualquier forma ofensivo e inconveniente para los criterios con que algunos padres desean educar a sus menores hijos. Evidentemente ese es un interés que en su activismo político se ha dedicado a promover en la mayoría de los casos groseras formas de censura en violación innegable del absoluto y natural derecho humano básico de tener libertad para, actuando en el marco de ley general, recolectar, procesar y transmitir información sin discriminación de acceso a la actividad, requisito previo, o limitaciones por legislación especifica alguna. Que es muy diferente de sin responsabilidad legal alguna ya que cuando el ejercicio del derecho, sin limites graciosos –ni del soberano ni de gremios privilegiados– causa un supuesto o real daño a un tercero, para dirimir ese conflicto están los tribunales junto con las leyes, civiles y penales que deberían tener un carácter general. No se necesitan leyes especiales en lo absoluto.

 

Así las cosas, privatizar el espacio radioeléctrico responde a una necesidad imperiosa, la necesidad de tener infinidad de televisoras compitiendo entre sí para identificar y satisfacer sectores específicos de un mercado muy complejo. Pero no hay razón alguna para que el Estado se lucre fiscalmente de la solución de tal problema. Por lo demás ese mismo Estado se lucraría mucho más fiscalmente cobrando impuestos sobre una industria diversificada, creciente, competitiva y mucho mayor que la actual, –que no es pequeña en términos de capital– pero que podría ser mucho mayor.  No se trata de proponer subastas de frecuencias. Se trata de transferir de forma definitiva e irreversible, la propiedad de todo el espacio radioeléctrico a todos y cada uno de los ciudadanos, con un título de propiedad individual vitalicio e intransferible, para que sean las personas las que concedan a empresarios interesados el derecho a transmitir en la frecuencia que soliciten según lo consideren conveniente.

 

El problema está en las leyes, la infinidad de leyes que le dan al gobierno poder sobre nuestras vidas y propiedades. Nuestros legisladores han inventado con el paso de los años todo tipo de nuevos delitos penales, contra la patria, la nación, la ecología, los niños, las mujeres, las minorías, o lo que se les ocurra por medio de las que los jueces partidarios del activismo ideológico judicial, podrían transformar en delito penal la expresión de casi cualquier opinión y prácticamente cualquier acción política. Cosa que ya es grave. Que lo hagan de forma tan circunstancialmente tendenciosa que terminen por contradecirse es aún peor.  Gran parte de esas leyes no las inventó el neo-socialismo, pero en la medida que alcance el poder las estará aplicando. Y claro que en función de las diferencias que tiene con el viejo socialismo, las modifica, las amplia y hace las suyas propias.

 

También habían desarrollado nuestros previos legisladores infinidad de leyes para inmiscuirse en las propiedades de los ciudadanos. Se obliga a las instituciones financieras al registro policíaco de las operaciones de sus clientes. Se establece la potestad de los gobiernos para fijar los precios de todos aquellos bienes y servicios que les dé la gana, no como excepción temporal y circunstancial sino como norma general y permanente. Se autorizan los gobernantes para afectar cualquier propiedad, de cualquier forma y para cualquier fin extendiendo groseramente la posibilidad de expropiar por causa de utilidad pública al definir como de utilidad pública, no aquello que está dentro de los limites de la función represiva de un Estado limitado que no exceda sus funciones naturales, sino cualquier cosa guiándose por el capricho de un Estado multipropósito ilimitado. Se dictan reglamentos por los que hasta los más elementales principios de igualdad en el trato de los regulados se rompen por la más absoluta discrecionalidad de los funcionarios. Nada de eso lo inventó el neo-socialismo; ya estaba ahí cuando llegó al poder y su misión es reconfigurar tales poderes en función de sus fines específicos. El del liberalismo empieza por advertir que nada mejor de lo que ya había saldrá de tal reordenamiento porque sin que todo el sistema legal esté fundamentado en defender los derechos de los individuos frente al poder del Estado, será imposible evitar que el Estado trasforme la opinión política en delito. Y la propiedad en graciosa concesión del déspota de turno.

 

Es una obvia falacia el afirmar que algo que no se conoce, no se ha probado o no sé práctica es imposible o inconveniente. Más sagaz es decir que si se hace algo de una forma diferente de la propuesta en todas partes, lo contrario ha de ser lo correcto por alguna misteriosa e inexplicable razón. Pero es casi la misma falacia. Y la experiencia muestra hasta que punto tal argumento es absurdo. Durante la mayor parte de la historia conocida de la humanidad, en todas los tiempos, lugares y civilizaciones, se practicó la compraventa de seres humanos. Se consideraba tal cosa natural, y conveniente. Hoy se considera una monstruosidad, y si bien aún se practica en algunos lugares, es algo vergonzoso, escondido y perseguido por la Ley.  Es decir, que la institución que se practicaba en todas partes y que todos consideraban apropiada, durante milenios, se persigue hoy como un crimen en todas partes y todos la repudian.

 

La humanidad no necesariamente progresa en una línea ascendente. Hay regresos, caídas y amenazas latentes. Pero progresos realmente importantes, se producen sólo cuando algo que se hace en todas partes así, cambia hacia otra forma dramáticamente diferente en alguna parte. Y de ser mejor la nueva idea, que la anterior, se extenderá. Y se producirá un progreso. También se extienden las malas ideas. Pero es importante entender que son malas para la mayoría. Pero buenas para aquellos que de la aplicación de las mismas se benefician. Y si estos son hábiles, podrán disfrazar su interés particular de interés mayoritario. Cosa por demás fácil en unos tiempos en que la compresión de la existencia de la realidad misma, y con ella la verdad, es atacada en el lenguaje mismo por la destructiva corrosión ideológica de cada vez peores relativismos.

 

Decía que el problema del espacio radioeléctrico se parece al de las tierras públicas. Se pueden privatizar por el simple expediente de reglar la reclamación ordenada como fuente de propiedad o dar en concesión al estilo del antiguo régimen. Pero hay una diferencia, el espacio radioeléctrico, aunque existen frecuencias no es tan fácil de parcelar y en general es razonable estimar que en el caso del espacio radioeléctrico, para el objeto de la transmisión, mas que del derecho especifico de propiedad tratamos el derecho más impreciso de apropiación.

 

Una privatización del tipo fiscalista es aquella por medio de la que se vende –idealmente se subasta– un activo del Estado en beneficio del gobierno. En Hispanoamérica la experiencia –tan mal como irremediablemente denominada neoliberal de los ´90– nos demostró claramente que el mantenimiento de estatismo por otros medios, tomados en gran parte de una economía neoclásica metodológica y conceptualmente muy estrecha, y de esa base endeble en adelante tergiversados, puede ser una de las peores formas de estatismo.

 

Un Estado que esté manejado por dirigentes políticos con incentivos racionales[4]  favorables al populismo electoral y la demagogia irresponsable naturalmente dilapidará los recursos extraordinarios que recibirá una sólo vez y se comprometerá con la repetición futura de tal gasto, para cuando el ingreso deje de existir. Lo que producirá un colapso en las finanzas públicas –tarde o temprano–. Así que no se debería privatizar en beneficio de la hacienda pública, sin encadenar los recursos obtenidos de tales privatizaciones al pago del principal de la deuda pública que hoy en día en muchas partes suele ser, como la inflación, en gran parte la herencia del incremento de los compromisos de gasto ordinarios asumidos con recursos extraordinarios. En el caso poco probable de que tras liquidar deuda pública quedase aún un excedente se debería a su vez encadenarlo a programas de infraestructura, en salubridad y vialidad, que si bien implican un costo posterior de mantenimiento que se ha de cubrir con recursos ordinarios suelen traducirse –en el marco cultural e institucional apropiado– en un incremento de la actividad económica de suficiente magnitud como para que el mismo fácilmente genere los recursos fiscales para su ulterior mantenimiento y eventual sustitución al final de su vida útil.

 

Otro problema es capitalizar una población que en las naciones más atrasadas está dramáticamente descapitalizada por décadas de inflación, devaluación y crisis sistemáticas del reparto clientelar de los decrecientes recursos de hoy al costo del mucho mayor empobrecimiento futuro. Un notable objetivo de la acción política sería que los ciudadanos no sean dependientes financieramente del Estado. Que lo sean hasta ahora es uno de los efectos más nefastos de las políticas públicas basadas en cualquier variante de la doctrina socialista. Lo contrario, que sea el Estado el que dependa financieramente de los ciudadanos, sería un objetivo más razonable. Y más noble.

 

Si estableciéramos mediante la apropiada Ley que el dominio del espacio radioeléctrico pertenece, no al Estado, sino al ciudadano individual, al momento de adquirir la mayoría de edad (y al extranjero que resida legalmente en el territorio por al menos el equivalente de dos tercios del número de años que se tarda en alcanzar la mayoría de edad legal) tendríamos que crear un sistema para titularizar individualmente tal propiedad que sería de todos y por ello, también de cada uno, pues sólo en la medida que la ejerza cada uno es que podemos decir honestamente que es de todos. Lo que propongo es un derecho de apropiación titularizado; el derecho de apropiación[5] no resulta exactamente igual del de propiedad pues es un concepto más amplio; un ejemplo simple sería el de una factoría que descarga aguas servidas en un río legalmente. La fabrica que lo hace legalmente tiene el derecho de descargar sus desperdicios en el río, pero no es propietaria del río y menos aún del agua, pero se apropia de ella legalmente de forma gratuita y para un determinado efecto en la medida que no afecte un derecho de apropiación, a otro efecto, de alguien más como por ejemplo el de los pescadores que usaran el río en cuestión y cuyas capturas se vieran mermadas por la polución. La razón por la que es muy difícil dirimir tales conflictos es que los derechos de apropiación suelen ser poco claros. Aquí hablamos de titularizar un derecho de apropiación, en lugar de usar el procedimiento de reclamación que sería la otra alternativa de la actual, que suele ser el sistema de concesión. Así que lo que propongo se podría llamar propiedad sólo en un sentido amplio pues con precisión  es un arreglo para que la titularización individual con control efectivo y permanente de todos y cada uno de los ciudadanos, por mecanismos de mercado, del usufructo de algo sobre lo que actualmente se ejerce un control gubernamental directo sobre el que únicamente puede influir ocasional e indirectamente la mayoría de los ciudadanos por mecanismos políticos. No propongo la transferencia de la propiedad privada del espacio radioeléctrico a una determinada generación en primera instancia, aunque no es imposible que ello ocurra con el tiempo si se empieza con el sistema propuesto. Como un primer paso en el caso de un espacio radioeléctrico, que como el subsuelo, entre nosotros jamás a sido objeto otro control que el del Estado, ni de otro derecho privado que el de la concesión, propongo transferir ese control de Estado a la población  por medio de un título que cada cual  adquiere gratuitamente al cumplir la mayoría de edad (o el tiempo de permanencia) con lo que es razonable que tal derecho se extinga con el fallecimiento. Se trata de un derecho vitalicio, que no se podría legar al descendiente por el simple hecho que el descendiente adquirirá equivalente derecho al momento de adquirir la mayoría de edad.[6] El objetivo de tal sistema sería que cada persona pueda ejercer la apropiación legal de un intangible que hoy pertenece al Estado, generando al tiempo, poderosos estímulos para la inversión, competencia y apertura, en un sistema que la mayor parte del mundo es actualmente artificialmente monopólico u oligopólico, e incluso de control estatal absoluto, con el que es imposible garantizar sinceramente la libertad de expresión.

 

Al no diluirse, ni concentrarse significativamente, tal tipo de derechos de usufructo vitalicio, por no ser heredables, el número de títulos sería proporcional al de habitantes mayores de edad.  El crecimiento de la población, ciertamente implicaría mayor número de títulos, pero no necesariamente bajaría el valor mercantil de cada título, pues más población también significa mayor demanda de comunicaciones, información y entretenimiento.

 

Así las cosas, cada ciudadano tendría que colocar su título en una institución financiera especializada en la intermediación del nuevo mercado. Los bancos de títulos radioeléctricos, serían quienes realmente asignarían las frecuencias, cobrando por el alquiler de las mismas a los empresarios de la telefonía, radio, televisión, etc. y pagando al ciudadano que su título les depositara. O bien asignando sin pago el derecho para la causa política, religiosa, o de cualquier tipo, para la que suficientes ciudadanos desearen garantizar la capacidad de transmitir su mensaje por tales medios. No sería difícil crear un reglamento de frecuencias que castigue adecuadamente la invasión de frecuencias y de hecho si no se lo crea la jurisprudencia lo desarrollaría desde el precedente judicial lo que sería en muchos sentidos mejor. Ni es difícil determinar la capacidad de asignar frecuencias de cada banco de títulos respecto del resto; por el número de títulos en público depósito de cada uno respecto de unas frecuencias limitadas.

 

El método esbozado en este cuaderno para la titularización y transferencia de los recursos explotables del subsuelo es muy similar al propuesto para el espacio radioeléctrico, y notablemente diferente  del propuesto para la titularización y transferencia de la tierra, mientras que el propuesto para la reestructuración de los títulos y transferencia de las empresas estatales está a mitad de camino entre estos otros, pero todos coinciden en la transferencia recursos, poder y control del Estado a la población y del colectivo a los individuos, y todos juntos implican la creación de nuevas estructuras institucionales que considero necesarias para el capitalismo popular. Analizar los cambios en los balances de poder que implican las nuevas relaciones institucionales propuestas en todos y cada uno de los puntos tratados exceden en mucho el objetivo de este cuaderno, pero el haber reflexionado mucho sobre dichas relaciones, en el terreno de la realidad objetiva y evitando conscientemente cualquier grado de idealismo ingenuo es lo que  me ha hecho proponer estos métodos en estos casos. Invito al lector deducir por si mismo cuales fueron mis reflexiones al respecto y a contrastarlas con las propias. De nuevas instituciones del capitalismo popular me he limitado a las más directamente relacionadas con los temas del cuaderno, pero debo mencionar que no son en forma alguna las aquí someramente señaladas las únicas instituciones nuevas que requiere el capitalismo popular. 

 

Retomando el caso del espacio radioeléctrico, podemos concluir que es  poco lo que se requiere del Estado en el modelo propuesto. No se le necesita para regular los contenidos ya que el surgimiento de infinidad de nuevas empresas en competencia permitiría para cada cual la televisión y la radio de su gusto. No se le necesitaría para crear productores independientes que comprasen o subarrendasen por tiempo frecuencia y facilidades ya que ante muchas estaciones compitiendo algunas adoptarían ese modelo de negocio. Ni se le necesitaría para que se desarrollasen formas de negocio, y competencia, hoy aún inimaginables. Y tampoco para regentar o subsidiar la radio o televisión pública o comunitaria ya que su existencia dependería de que suficientes ciudadanos le cedieran el derecho sin costo.[7] Sería posible transmitir nacionalmente, o regionalmente, no sólo montando una televisora sino alquilando espacio en las existentes. Podríamos ver cadenas de televisoras locales, compitiendo con las nacionales, y productores independientes transmitiendo sindicados en competencia con cadenas y televisoras nacionales. Podríamos ver infinidad de alternativas. Sería dura la competencia. Algunas empresas no sobrevivirían. Pero tendríamos el máximo posible de alternativas para elegir y el mínimo indispensable de Estado para imponer la Ley Común. ¿Qué tan mínimo? Pues tanto como los tribunales que han de dirimir los conflictos que puedan surgir, entre cualesquiera partes contratantes. Para eso son los tribunales, y las Leyes de carácter general. Un buen ejemplo de lo poco necesaria que es la intervención del Estado (fuera del la función judicial rectamente entendida) en un sistema realmente privado de información, que opera en competencia, con acceso prácticamente libre, por mecanismos de mercado es la Internet.[8]

 

¿Cómo se ha desarrollado desde un proyecto gubernamental de inteligencia, pasando por un sistema de información académica difícil de usar, hasta lo que hoy es la Internet? Pues con empresarios identificando y aprovechando oportunidades de negocio en la plataforma de una serie creciente de servidores, interconectados y relativamente descentralizados en una red global en la que la única necesidad real de regulación viene dada por la asignación de direcciones IP. Se han desarrollado con escasísima interferencia Estatal (excepto en los Estados totalitarios) lo que implica tan enorme cantidad de emisores alternativos, y de acuerdos para emitir, que puede usted tener hoy (por ahora) la garantía de ser un emisor, de forma prácticamente gratuita. Aunque desgraciadamente eso está cambiando. Una creciente legislación estatista pende como espada de Damocles sobre la red, y ya ha caído efectivamente sobre más de uno y en más de un lugar. Lo que en lugar de mejorar la red la empeora. ¿Quieren más competencia? Se puede y quizás  una de las claves del futuro de la Internet también esté en el espacio radioeléctrico. Ese sería un progreso enorme. Y sería un modelo mercantil para privatizar lo que hasta ahora se ha considerado de impracticable privatización. Como lo que es de todos, no es de nadie, y lo que es de nadie, nadie lo cuida y casi todos lo abusan, si pueden. No es asignando al Estado la propiedad –y menos la administración– de todo lo que no es de nadie que resolveremos problema alguno. La verdad es que si pretendemos ser tanto libres como prósperos, no podemos olvidar que el Estado está para administrar seguridad y justicia. No el uso mercantil de algo que puede ser titularizado y manejado por particulares en un mercado competitivo mucho más eficiente y productivamente.

 



[1] Un peculiar síntoma de esa tendencia al que no se le debe conceder, ni más ni menos significado que el que en efecto tuvo. Fue que durante cerca de un año, en Venezuela el Gobierno neo-socialista presidido por Hugo Chávez, mantuvo una campaña publicitaria con unas inolvidables vallas que pudimos ver en todas las carreteras, pueblos y ciudades de Venezuela con una única frase acompañada de la imagen del Presidente en actitud de humana empatía acompañado de niños, ancianos y otras personas cuyo elemento común –aparte de la tipología racial mestiza tan prevaleciente en Venezuela como escasa en la publicidad venezolana del pasado reciente– fue el de ser personas evidentemente muy pobres. La frase, en términos de soberanía resultaba impresionante pues rezaba en grandes letras rojas: “Chávez es el Pueblo”. El punto es que si la Constitución establece que la soberanía reside en el pueblo y una campaña de publicidad oficial del gobierno nacional con cargo al presupuesto público nos explica que quien ejerce la Presidencia de la República “ES” el pueblo tendríamos que concluir que el gobierno nacional está diciéndonos que la soberanía reside en el Ciudadano Presidente de la República. Los notables publicistas condensaron en sólo cuatro palabras una complicada teoría de la encarnación de la voluntad popular en un hombre en particular en la que el nacionalsocialismo alemán gastó ríos de tinta y que hasta la fecha ningún neo-socialista venezolano ha defendido fuera de las cuatro palabras de las vallas, de las que conociendo la Constitución, cualquiera podía deducir el peculiar silogismo.

 

[2] Por competencia me refiero al concepto de competencia real que es contrario al concepto neoclásico de competencia. El segundo es la negación de la idea de competencia empresarial y aún de la empresarialidad.

 

[3] Un notable ejemplo es que en los EE.UU. el espacio radioeléctrico se ocupó privadamente por reclamación análoga a la de la tierras “homesteading” y los conflictos entre estaciones se dirimieron en cortes de justicia hasta 1927 cuando la legislación tomó el camino completamente contrario en la Federal Radio Act por la cual el gobierno federal se apropió completamente del espacio radioeléctrico y creó la Federal Communications Comisión que lo asigna por concesiones reguladas.

 

[4] Los votantes pueden preferir, y con frecuencia prefieren, una política que les parezca evidentemente conveniente a corto plazo ignorando irresponsablemente un costo futuro que excederá con mucho los beneficios inmediatos. Dicha actitud, en la medida que sea informada –y cada vez menos se la puede justificar como desinformada– se puede calificar de irracional. No así la de los dirigentes políticos que provean a los votantes las políticas que demandan no tiene nada de irracional en una democracia –y menos aún en una dictadura– pues es un medio absolutamente racional y eficiente de cumplir su objetivo de obtener el poder y/o de mantenerse en él. Se puede juzgar tal cálculo muy negativamente en el terreno ético de los hombres de Estado. Pero en el terreno puramente económico es perfectamente comprensible. Por su lado, la Economía, como ciencia de la acción humana real, trata de los actos reales de humanos igualmente reales por lo cual tratará de lo que los hombres efectivamente hacen, y dejan de hacer. No de lo que deberían hacer, o dejar de hacer, de acuerdo con criterios ideales de cualquier tipo.

 

[5] Ronald Coase –premio Nóbel de Economía 1991– iniciador del Análisis Económico del Derecho y de la Nueva Economía Institucional, explicaba desde 1937 en el artículo The Nature of the Firm, que cualquier sistema de asignación de precios tiene un coste y que es posible hacer un análisis económico de las reglas, las formas organizativas y los métodos de pago. En 1960 desarrolló el Teorema del Coste Social comúnmente llamado teorema de Coase que permite comprender con mayor claridad el problema de los costes externos y está considerado el origen del moderno Análisis Económico del Derecho. El Teorema nos dice que: Si las transacciones pueden realizarse sin ningún coste y los derechos de apropiación están claramente establecidos, sea cual sea la asignación inicial de esos derechos se producirá una redistribución cuyo resultado será el de máxima eficiencia. Pero que cuando las transacciones implican costes que impiden la redistribución de derechos, habrá sólo una asignación inicial de los mismos que permita temporalmente la máxima eficiencia.

 

[6] Recordemos que cada titular tendría pleno dominio sobre el título que puede alquilar con beneficio pecuniario, ceder sin beneficio pecuniario (temporal o permanentemente en los dos casos y por ello cambiar de opinión), enajenar o incluso vender (hay razones para la compra venta de títulos sobre intangibles perecederos, como para la de bienes tangibles perecederos). Y a diferencia de una parcela de tierra, cuyo propietario puede legar a sus herederos mejorada por encima de las de sus vecinos por su esfuerzo, un título indiferenciado (similar en ello a la acción de una compañía) no puede ser mejorado por encima del resto de los mismos títulos indiferenciados.

 

[7] La experiencia del neo-socialismo venezolano con radios y televisoras comunitarias, que conozco de cerca, impresiona –a pesar de la fanática censura partidista que lo enturbia en muchos casos–  por el potencial reprimido que ha permitido que apenas asome en medio de severas cortapisas; se les limita permanentemente su potencia para que transmitan en una zona geográfica muy pequeña al tiempo que se les prohíbe en la práctica la venta de publicidad y el capitalizar ganancias aún en su carácter colectivista cooperativo igualmente obligatorio ha mostrado hasta que punto pudieran existir empresas de radio y televisión mucho más pequeñas de lo que imaginamos y ser comercialmente rentables liberadas de la actual discriminación a que las somete su marco legal. Pero también ha mostrado cuan pocos títulos del sistema que propongo se requerirían realmente para emisoras comunitarias cuyo carácter no comercial fuera completamente voluntario.

 

[8] La Internet no es la WorldWideWeb (WWW) de 1990. Ésta es sólo un servicio que funciona sobre la Internet- La historia data de finales de 1972 con la ARPANET, una red de comunicaciones financiada por la DARPA que funcionaba de forma distribuida sobre la red telefónica conmutada. El éxito de la arquitectura sirvió para que, en 1973, la DARPA iniciara un programa de investigación sobre la interconexión de redes de distintas clases. Desarrollaron protocolos de comunicaciones que permitiesen el intercambio de información de forma transparente para los ordenadores conectados en diferentes redes. Internet es el nombre del sistema de redes interconectadas por los protocolos TCP e IP. El 1 de enero de 1983 ARPANET cambió el protocolo NCP por TCP/IP, y se creó el IAB con el fin de estandarizar el protocolo TCP/IP. También se centró la función de asignación de identificadores en la IANA, la que luego delegó parte de sus funciones en el IR que por ello proporciona servicios a los DNS. En 1986 comenzó el desarrollo de NSFNET que se convirtió en la principal red troncal de Internet, complementada también con las redes NSINET y ESNET principalmente en EE.UU. Sumado eso con redes troncales en Europa, como comerciales y no-comerciales formaron el esqueleto básico de Internet. A partir de 1989, con la integración de los protocolos OSI, la interconexión de redes de estructuras dispares se complementa con la tendencia de facilitar el uso de distintos protocolos de comunicaciones. Para 1989 en el CERN de Ginebra, un grupo de Físicos encabezado por Tim Berners-Lee, crearon el lenguaje HTML, basado en el SGML. Y finalmente en 1990 el mismo equipo construyó el primer cliente Web, llamado WorldWideWeb, con el primer servidor web. Internet incluye hoy más de 5 mil redes en todo el mundo y más de 100 protocolos distintos basados en TCP/IP, que se configura como el protocolo de la red. El protocolo de transferencia de archivos (FTP o File Transfer Protocol) es el protocolo estándar en la red para efectuar transferencias de archivos de un servidor a un ordenador o entre ordenadores. Y es lo que permite a los usuarios estructurar servicios altamente personalizados. El impacto cultural de la Intenet se ha comparado con la invención de la imprenta de tipos móviles y su uso como plataforma de negocios ha permitido que se identifiquen y desarrollen oportunidades empresariales generando nuevos mercados mil millonarios que aún están en pleno crecimiento. La Intenet comercial ha experimentado desde burbujas financieras hasta una curiosa mitología seudo económica en gran parte descartada tras las burbujas. Sus efectos sobre la cultura y la economía occidental únicamente pueden estimarse ya que es algo cuya masificación en el mundo apenas se está comenzando a vislumbrar.

 

 

 
















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